La situación política e institucional actual en Guatemala es compleja. Probablemente, los estudiosos de política ya acopien la información relevante para escribir los ensayos, libros o artículos que se leerán en unos años sobre esta época de la vida cívica del país. Sin embargo, en mi opinión, una forma de entender lo que pasa es un choque entre principios fundamentales e ideologías políticas.

Mi análisis parte de la premisa de que literalmente millones de guatemaltecos fueron protagonistas y testigos de dos elecciones llevadas a cabo en orden y con transparencia, del mismo modo como han ocurrido muchas otras desde 1984. No digo que hayan sido perfectas o que las autoridades electorales nunca cometieran errores. Para empezar, el hecho de que se haya excluido a ciertos de candidatos con base en formalismos en mi opinión insuficientes para negar a un ciudadano su derecho fundamental a ser electo ya ha sido una mancha a la legitimidad del proceso.

Con eso y todo, se llegó a las elecciones y, de las decenas de miles de voluntarios que hicieron posibles las dos rondas electorales, son apenas un puñado quienes han denunciado anomalías comprobables. Las denuncias de la candidata perdedora en la segunda ronda carecen de credibilidad, dados sus antecedentes en la política de la última década y la inexistencia de indicios dignos de crédito. Los informes de observadores nacionales y extranjeros unánimes en su veredicto están contra esos señalamientos y las diligencias del Ministerio Público que, hasta hoy, no han arrojado resultados conocidos por la ciudadanía que apunten a algún fraude: el pueblo ha ejercido su soberana voluntad y ha dado ganadores indiscutibles.

Y, sin embargo, basta “navegar” una media hora por las redes sociales para encontrar cientos de comentarios de personas aparentemente independientes que defienden o, por lo menos, dan crédito a las teorías de conspiración para la comisión de un fraude en la primera vuelta. Durante las semanas que duraron las manifestaciones, las consideraron abusivas, fruto de manipulaciones y carentes de autenticidad. Las acciones del MP les parecieron justificadas y perfectamente alineadas con sus funciones. Cuando ciertos miembros y organizaciones de la comunidad internacional han alzado su voz exigiendo que se respete el voto soberano del pueblo, lo han considerado una injerencia inaceptable y contraria al derecho internacional. ¿Cómo explicar unos contrastes tan abismalmente distantes?

Como he dicho al principio, creo que la explicación está en un choque frontal entre principios fundamentales y la ideología que cada uno de ellos abriga. Por supuesto, hay miles de “jugadores” que en este río revuelto promueven sus propios intereses, algunos, inconfesables. Pero no me refiero aquí a ellos, sino a esos ciudadanos que, ante la evidencia abrumadora de dos rondas de elecciones legales y legítimas, están dispuestos a más bien creerse explicaciones alambicadas y ocultas tras el velo de la “reserva del caso” que, salvo algunos pocos, la inmensa mayoría ni siquiera entiende.

Cuando he tenido oportunidad de cuestionar esta actitud a algunos conocidos míos me he enfrentado, en última instancia, con el siguiente argumento (o algo parecido): —no te engañes, ellos, al llegar al poder no van a respetar la democracia por la que tanto abogas.

Esto yo lo traduzco a lo siguiente: —según mi ideología, “ellos” tienen una ideología antidemocrática que, por supuesto, no admiten públicamente. Ese hecho, me justifica; al procurar evitar que lleguen al poder y así, paradójicamente, estoy defendiendo la democracia.

Si mi análisis tuviera fundamento, será muy difícil llegar a una convivencia democrática en el corto plazo. Los prejuicios ideológicos son inevitables, pero deben tener ciertos límites y esos límites son los principios fundamentales.