La semana pasada se publicaron en este espacio las primeras cinco prioridades que CEES (Centro de Estudios Económico-Sociales) considera fundamental para que el nuevo gobierno se concentre en ellas. Aquí voy con las siguientes cinco prioridades.

La quinta prioridad consiste en liberar el mercado laboral. No puede ser que los trabajadores ineficientes no puedan ser removidos inmediatamente debido a la rigidez de nuestras leyes. Tampoco puede ser que sigamos con una estructura de salarios mínimos legales cuando estos llegan a estar por encima del salario de mercado, dado que generan desempleo. “El trabajo es un recurso económico vital porque, juntamente con otros factores de producción, transforma los recursos naturales en bienes y servicios útiles. Una relación laboral es, a su vez, una relación contractual”.

La sexta prioridad consiste en “Simplificar los trámites administrativos y descentralizar la administración pública”. Una forma de reducir los costos de iniciar y operar un nuevo negocio formal es eliminando permisos, trámites, licencias y requisitos de toda clase. Reducir y eliminar la mayoría de este lastre de regulaciones permitirá que más gente se arriesgue a emprender negocios lícitos, formales.

La séptima prioridad es la de devolver a los padres de familia la responsabilidad de la educación de sus hijos, liberándola del control estatal. El Mineduc (Ministerio de Educación) se ha convertido en una camisa de fuerza que impide la educación formal competitiva. Tiene una injerencia predominante y costosa que afecta a cada alumno graduado. Impone un currículo que no necesariamente ayuda a la gente a ser más eficiente y mejorar su nivel de vida. El sindicato funciona presionando al Gobierno y recibe prebendas no por los resultados que obtiene, sino por la presión y amenazas que ejerce. Urge la descentralización total y la eliminación de las barreras en la educación privada. Los colegios serían privados y no deberían estar sujetos al Mineduc. Esto generará más competencia en la educación. Los padres de familia escogerían cuál centro les daría mayor confianza.

La octava prioridad es la de devolverle a las personas el derecho que tienen al subsuelo. Esto significaría definir que el subsuelo pertenezca no al Estado, sino al dueño de la superficie. Este cambio permitirá eliminar o disminuir la mayoría de los conflictos sociales y la polarización violenta por el uso de los recursos naturales del subsuelo. La propiedad privada es fundamental para evitar conflictos y generar el desarrollo económico.

La novena prioridad es la apertura total al comercio exterior. Mucho se habla de una ley de competencia. No es necesaria. Basta con abrir el comercio exterior en forma absoluta, sin restricciones, sin aranceles, sin tarifas no arancelarias para que esa competencia del exterior actuara mejor que cualquier ley de competencia. No hay competencia más poderosa que la potencial, la que no es pero puede llegar a ser en cualquier momento. “Ningún país ha salido de pobre cerrando su economía al resto del mundo”.

La décima es la de despenalizar las drogas. Gran parte de la violencia y corrupción que tenemos en Guatemala se debe a la guerra contra las drogas. Al despenalizar el consumo, producción y distribución de drogas eliminamos toda esa corrupción y violencia que genera esta prohibición. “La actual guerra contra las drogas es una violación a los derechos individuales porque penaliza una conducta que puede calificarse como viciosa, mas no como delictiva. La decisión de consumir o no sustancias psicotrópicas o estupefacientes debe dejarse en manos del individuo”.