En el CEES hemos publicado al entrar cada nuevo gobierno un folleto con 10 prioridades que deberían ser entendidas y aplicadas por los nuevos dirigentes de los destinos de nuestro país. Estas prioridades no son un invento sacado de la manga, sino fruto de una gran reflexión sustentada en evidencias que han llevado a la prosperidad a los países que las han aplicado. Parece mentira, pero estas prioridades, aunque con pequeños cambios, se han publicado por parte del CEES (Centro de Estudios Económicos y Sociales) desde hace más de 20 años y no ha habido modo de hacer los verdaderos cambios profundos que el país necesita para incrementar el nivel de vida de sus habitantes y lograr un verdadero estado de Derecho. He participado en estas discusiones y puedo asegurar que, aunque desconfiamos de cualquier gobierno, estamos seguros de que puede lograrse un plan de gobierno a base de principios de aceptación universal. Aquí trato de explicar, de nuevo, estas 10 prioridades. Deseo que el presidente electo y sus ministros puedan leerlas y tratar de aplicarlas por el bien de nuestro país.

La primera prioridad debe ser fortalecer nuestro sistema de seguridad y justicia. Sin excepción deben respetarse los derechos individuales a la libertad, la propiedad y la vida. Solo así se logrará crear un verdadero estado de Derecho. No es tan importante un estado de legalidad, sino uno de Derecho. Vivimos un sistema de justicia totalmente politizado. Eso debe acabarse de tajo.

La segunda consiste en respetar la libertad y la propiedad privada de todos los trabajadores. No es posible que a los trabajadores se les quite parte de sus ingresos y ahorros para salud, vejez y recreación porque otras personas creen que ellas no pueden ahorrar y decidir qué hacer con su dinero. Es un insulto a los trabajadores. Y los mismos, al aceptarlo, se degradan por no pelear sus derechos individuales. Ni el IGSS (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social) ni el Irtra (Instituto de Recreación del Trabajador) deberían existir en forma forzosa. Sí como una competencia privada al resto de seguros del país. A los trabajadores y a quienes devengan un salario no se les debe quitar su dinero obligándolos a salud y recreación forzosas.

La tercera es eliminar el ISR (impuesto sobre la renta; es decir el impuesto a los rendimientos del capital), y además el Gobierno debe reducir drásticamente su gasto. El ISR es una extracción de los recursos más susceptibles a ser capitalizados. Solo el capital invertido per cápita logra incrementar las oportunidades de mejora de vida. El ISR disminuye el capital invertido. Por otro lado, el Gobierno gasta mucho y mal, gasta y consume recursos que otros producen. Debe haber una reducción inmediata del gasto del Gobierno. Eso dejará más en manos privadas que lo reinvertirán en proyectos rentables.

La cuarta consiste en parar el endeudamiento. No queremos llegar a como están otros países que no pueden pagar su deuda. La deuda es consumo futuro. Es pan para hoy y hambre para mañana. La deuda pública funciona como un impuesto diferido. Tarde o temprano, los contribuyentes tendrán que saldar la deuda adquirida por el mandatario de turno; por eso, debe implantarse una política de responsabilidad fiscal. El piso de endeudamiento del país, incluyendo el IGSS y el Banguat (Banco de Guatemala), debería ser del 25% y luego ir disminuyendo.

La quinta consiste en liberar el mercado laboral. La única forma verdadera de incrementar el salario real de los trabajadores es creando más oportunidades y eso solo se logra en el mercado libre con más inversión de capital, no con salarios mínimos legales que lo que único que logran es causar un mayor desempleo.

La próxima semana mencionaré las otras cinco prioridades.