Intoxicado por el mar de noticias políticas actuales, muchas de ellas contradictorias, intenté abstraerme de la coyuntura nacional producto de las elecciones generales que en forma inesperada dieron como ganador a Bernardo Arévalo, algo que pocos esperaban; sin embargo, es tan espeluznante la situación actual que no puedo dejar de escribir al respecto, y dejar para próximos artículos mi visión de presentar ejemplos y eventos que “hagan la diferencia”.

Es evidente que existe una confabulación por parte de sectores oscuros detrás del Gobierno para evitar que el presidente electo llegue al poder, sectores que han salpicado al gobierno actual, permitiéndole niveles de corrupción jamás vistos, y que al fallarles la planificación para mantener el statu quo, ejecutaron su plan C, judicializando el proceso. Durante años prepararon el camino para cooptar las principales instituciones del Estado. Una de las acciones fue reelegir a la fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público, a pesar de estar en la lista de Actores Corruptos y no Democráticos de la Sección 353, bajo la ley de Compromiso Mejorado Estados Unidos-Triángulo Norte, conocida como “Lista Engel”, en un proceso poco transparente, que obligó a las comisiones postuladoras a incluirla en el listado presentado al presidente. Otra acción ha sido mantener por nueve años la Corte Suprema de Justicia en una flagrante violación a los mecanismos de rotación establecidos. El Congreso de la República también ha sido cooptado. El organismo llamado a fiscalizar los procesos ejecutivos terminó alineándose al sector oficial para decisiones contradictorias, hoy son la bancada mayoritaria, bajo la sombrilla del partido Vamos. Existe un miedo extraño a que asuma el presidente electo, que da motivo a pensar que están protegiendo intereses espurios, proteger sus fortunas, es prioridad sobre todas las cosas. Sin embargo, con las últimas acciones el pueblo de Guatemala ha demostrado que no está dispuesto a permitir que no se le dé posesión al nuevo presidente. Los 48 Cantones han abanderado el movimiento, pero en forma espontánea se le han unido grupos en todo el país, lo que puede derivar en un verdadero caos a nivel nacional, que no podrá controlarse, pues la Policía no tiene la capacidad ni la cantidad de efectivos para imponer el orden. Parece ser que el Ejército no quiere tomar partido y está únicamente expectante, cual observador de un circo romano, esperando que rueden cabezas. El juego es peligroso, porque se está volviendo una lucha de clases, en donde el sector productivo puede ser severamente perjudicado. Se están realizando medidas de hecho poco racionales, como los bloqueos que han impedido el abastecimiento de los mercados, de combustibles, productos de construcción e insumos para la industria. Se atentó también contra servicios esenciales, como la invasión a las instalaciones de la presa El Tesoro, de Xayá Pixcayá, en Zaragoza, la mayor central de abastecimiento de agua potable para la ciudad. También está tomada por comunitarios la hidroeléctrica Xacbal, en Quiché.

Alguien debe poner orden en el país. Es importante atender las peticiones del pueblo que son bien fundamentadas y buscar salida a la crisis. Las instituciones involucradas y las que podrían aliviar la situación deberían estar en sesión permanente buscando soluciones. Las renuncias del presidente, de la fiscal general, del fiscal de la Feci y del juez que ha ordenado de inmediato acciones en favor de las investigaciones del Ministerio Público deben ocurrir. Pueden otorgarse amnistías inmediatas para evitar la aplicación de ley con efectos retroactivos, al final de cuentas casi todos los partidos políticos tienen la cola machucada. Y también pueden negociarse salidas conciliatorias para los personajes involucrados. El presidente, el vicepresidente, la fiscal general, Curruchiche, Orellana y miembros de la Corte Suprema de Justicia deben reconocer que el pueblo “no los quiere más, en el ejercicio de sus atribuciones”, por lo que deben renunciar; de lo contrario, pasarán a la historia como los funcionarios que provocaron el rompimiento de la democracia en Guatemala. Y como dijo el actual presidente hace ocho años: “Si les queda un poco de decencia, renuncien ya”.