Hoy, el presidente Giammattei hará público su plan de reforma a la Constitución en cuanto al Organismo Judicial. Lo explica como efecto de la forma incorrecta y mal intencionada con la cual las comisiones de postulación se han manipulado de forma burda en, por lo menos, tres ocasiones. En este fracaso, evidente, tiene mucha culpa la Corte de Constitucionalidad, a causa de sus fallos, a su vez provocados por haberse “politiquerizado”, y por ello la integración de dichas comisiones también perdió sentido al no cumplir entonces con su tarea original. Se crearon muchas “facultades de derecho”, a veces sin sede, solo para poder tener representantes, obviamente sin méritos, y fueron eliminados de hecho los méritos para ser escogidos los aspirantes.

El mandatario, al guardar silencio sobre quiénes colaboraron para la propuesta prometida para hoy, provoca una incertidumbre entre la ciudadanía, por el riesgo de haber participado gente sin merecimientos, o con intenciones aviesas aunque en teoría tengan cualidades. A todo esto debe agregarse un hecho no tomado en cuenta por el gobernante: dicha propuesta debe ser aprobada por este Congreso (¡Dios ampare a Guatemala!) cuyas actuaciones son una vergüenza nacional porque el pacto de corruptos sigue vivo y fuerte. Eso significa, en pocas palabras, la seguridad de cambios dispuestos solo por los diputados y hace inútil e inservible la propuesta presidencial. A la mayoría de ellos les conviene la eliminación de las pocas barreras faltantes. Lo harán.

Así como en 1993 fue depurado el Congreso, lo cual, en teoría, afectaba derechos de sus integrantes, ahora debe haber una depuración de quienes quedaron, y aumentar las condiciones para poder ser candidatos, en una selección donde tengan más peso los factores profesionales y personales, y además se deben agregar vetos a personas con pasado o presente dudosos. Por aparte, será muy largo el tiempo necesario para negociar con el Congreso, de seguro varios meses, y esta aprobación debe ser aprobada en una consulta popular similar a la de Belice. Se corre también el riesgo de una desobediencia del Congreso a los dictámenes de la CC, lo cual ya ha sido anunciado antes un par de veces por diputados listos para aprovecharse de todo resquicio normativista.

La propuesta presidencial es eso: una propuesta, no una orden. Se debe dar la palabra y escuchar a los diversos sectores sociales debidamente representados. En ese sentido también es imperativo definir el significado de “sociedad civil”, para exigir una serie de condiciones. Tal concepto, etéreo, realmente, no puede ser exclusivo de minigrupos de personas, muchas veces representantes de criterios politiqueros también, ideológicamente trasnochados, de alguna facción étnica, religiosa o de cualquier otro tipo. A todo esto se debe agregar la presión social a fin de obligar al Congreso a aprobar sin cambios lo presentado como efecto de un consenso nacional. Es la única forma de empezar el largo proceso de dignificación del Organismo Legislativo.

La grave situación del país, actual y sobre todo futura, impide pensar siquiera en gastar dinero para una consulta popular. Cuesta millones y tendría mínima participación, aun menor a la de estos requisitos legales. Por eso la solución por otro lado: consensuar los cambios, con la seguridad de no ampliarlos a otras áreas. La Constitución no es mala; ni siquiera se ha desarrollado totalmente. Repito: mucha falta de credibilidad se debe a la propia CC, de descendiente prestigio desde hace al menos seis años, pero eso es tema de otro artículo. Alejandro Giammattei volvió a dar muestra de actuar basado en términos de inmediatez a la obediencia de órdenes. No es así. Hizo bien en sacar el tema, pero aún hace falta mucho tiempo para hacer realidad sus deseos.