Los bloqueos ilegales de los 48 Cantones de Totonicapán y de la Alcaldía Indígena de Sololá iniciaron el lunes 2 de octubre en el interior del país, principalmente en los departamentos de Totonicapán, Quetzaltenango y Sololá y frente al Ministerio Público en la zona 1 de la capital. El lunes 9 de octubre se agregó la organización campesina Codeca, acusada de hurto de energía, a los bloqueos ilegales tanto en el interior del país como en los accesos de la capital y dentro de la ciudad de Guatemala. Desde el jueves 12 empezaron a quitar los bloqueos ilegales ciudadanos organizados en muchos lugares del país. El viernes 20, el día de la celebración de los 79 años de la Revolución de 1944, los 48 Cantones anunciaron el final de los bloqueos ilegales en las carreteras donde son los responsables, pero anunciaron que cambiarán de estrategia.

En el río revuelto de 21 días hay quienes ganaron y quienes perdieron, pero al final toda Guatemala perdió, porque con los bloqueos ilegales la economía se deterioró, los estudiantes dejaron de asistir a sus centros de estudios y los enfermos no llegaron a sus consultas médicas y a los muy enfermos y maternidades se les complicó.

El presidente Giammattei libró su responsabilidad cuando, teniendo a la OEA como mediadora, dialogó con las organizaciones sociales 48 Cantones, Alcaldía Indígena de Sololá y otras —sin Codeca— y les hicieron ver que él no tenía la capacidad legal de destituir a la fiscal general, producto de las modificaciones a la ley en el año 2016. Las organizaciones sociales cambiaron su discurso y razón de bloqueos a pedir la renuncia directamente a los del MP y al juez a quienes compete en el Organismo Judicial. El evento en el 2016, cuando con la influencia visible de Iván Velásquez, de la Cicig, y otros actores blindaron en el Congreso la destitución de la fiscal general Thelma Aldana (2014-2018) por parte del presidente Jimmy Morales. Thelma Aldana fue en el 2019 la precandidata presidencial del partido Semilla.

La Policía Nacional Civil ganó el respeto de muchos, sobre todo ante la comunidad internacional que se involucra en temas que no debe, por el manejo protocolario del diálogo en los bloqueos ilegales y manifestaciones que se volvieron violentas, ya que no hubo ningún muerto. Sin embargo, a muchos ciudadanos no les pareció el actuar de la fuerza pública en no disolver los bloqueos de manera inmediata.

A diferencia de los eventos en Chile en el 2019 y posteriormente en Perú, Colombia y Ecuador, donde hubo muertos y donde el conflicto duró varios meses, en Guatemala, con casi tres semanas de crisis, no hubo muertos producto del uso de la fuerza pública. El verdadero ganador de la disolución de los bloqueos ilegales fueron los ciudadanos, ya hartos. Lograron organizarse para desbloquear, dado que la PNC no lo hacía.

El gran perdedor de los 21 días fue el Dr. Bernardo Arévalo y su partido político, el Movimiento Semilla, por la percepción que existe de que ellos provocaron la crisis. El estar calificando como un “golpe de Estado en cámara lenta” lo que el MP investiga sobre las firmas falsas y de muertos y sobre la corrupción en el TSE, tanto en el país como en México y en Washington, motivaron a las organizaciones sociales a protestar. Tampoco simpatizó a muchos que en su discurso en Enade el 5 de octubre y en su mensaje en redes sociales del 8 de octubre afirmó que los bloqueos no detienen al país, sino que potencian la democracia. Esos eventos lo hicieron perder popularidad y credibilidad.

Hay consenso en el país de que la gran mayoría rechazamos a la corrupción. La corrupción está metida como cáncer creciente en buena parte de la administración pública. Sobre ese tema debemos sentarnos a dialogar los actores de la sociedad guatemalteca y buscar un gran acuerdo por la transparencia y la clara rendición de cuentas.