Otra consecuencia no esperada del despido de Juan Francisco Sandoval es el resurgimiento de sugerir a la Constitución. Se mencionan sus 37 años de vigencia, la más larga de todas; la conveniente adaptación a las realidades; el abuso de la aplicación de algunos avances teóricos, como la facilidad de fundar partidos políticos; el hartazgo a todo nivel de quienes han llegado al poder con el fin de un enriquecimiento producido por la corrupción y el pillaje a la cosa pública, así como una larga serie de otros motivos. También se comenta la necesidad de tomar medidas correctivas gracias a un consenso ciudadano de la mayor cantidad posible de sectores, representados por ciudadanos ajenos a los negativos vaivenes politiqueros causantes del desinterés de la generación joven.

Según el texto constitucional, las reformas pueden ser promovidas por el presidente, diez diputados, la Corte de Constitucionalidad o cinco mil ciudadanos. Hoy en día los tres primeros no conducen a nada y solo el cuarto puede tener éxito. Hace años se presentó un plan de reformas apoyado por varias veces la cifra mínima mencionada, pero como era de esperarse cayeron en el vacío de un Congreso reacio y contrario a cualquier cambio de beneficio para la democracia. Pero puede ser desempolvado y actualizado por ser producto de un proceso largo y representativo. Otra tarea es leer con cuidado los artículos constitucionales para encontrar formas de realizar algo no hecho; es decir, aplicarlos con base fundamental en el idioma oficial del país.

Un profundo conocedor de leyes me comentó hace pocos días la necesidad de reformar el artículo 157, por el cual los diputados deben ser electos directamente en sufragio universal y secreto, con lo cual quedarían fuera los listados para diputaciones en número proporcional. Cada diputado debe recibir el apoyo directo de los votantes y entonces se ven obligados a hacer campaña en sus distritos electorales. Por su parte, también se ha mencionado la posibilidad de reformar todo el texto constitucional si antes el Congreso reforma el artículo 280. Otras opiniones van en la línea de cambiar todo lo relacionado con el sistema de elecciones. No hacerlo, vale la pena insistir, simplemente continuará permitiendo la nefasta llegada de hordas electoreras y politiqueras.

La mayor dificultad radica en la condición de convocar a una asamblea constituyente para aprobar los urgentes cambios. Tiene un costo millonario, no despertará interés ciudadano por participar, los partidos tampoco colaborarán y no hay garantía del respeto de los diputados a los consensos de los grupos sociales. Las reformas consensuadas para los acuerdos de paz fueron rechazadas porque sectores politiqueros agregaron otros cambios. El escasísimo 14% de participación ciudadana en 1984 no los aprobó, y en la práctica el esfuerzo resultó inútil y se afianzó el proceso de deterioro llegado hoy en día a su clímax. Sobre esto es innecesario insistir, porque las evidencias son abrumadoras.

Esta reforma no es un tema de la coyuntura del momento. Necesita consensos, opiniones de constitucionalistas, de otros abogados y sobre todo de gente interesada en principios para lograr el bien común, luego de ceder cada quien en algo de los legítimos intereses gremiales o personales. Las ciencias con mayores posibilidades de aporte son las humanísticas, para dejar a los estudiosos del Derecho dedicarse a redactar técnicamente los textos y luego pedir opinión del significado de las palabras a la Academia Guatemalteca de la Lengua, para evitar frases oscuras, ambiguas y/o equivocadas, causantes de discusiones y desacuerdos. Se deben iniciar los pasos previos para la reforma constitucional, pero también para vencer el desinterés y a los politiqueros.