En el calendario, el 14 de enero se encuentra a 59 días de distancia, pero en la práctica resultan ser menos. Esto se debe a la combinación de dos factores: la época de fin de año, no propicia a pensar con la profundidad necesaria en la importancia de dedicar la mayor atención posible a las múltiples sorpresas aún no destapadas al respecto de la constante lucha para no respetar el resultado de las elecciones anteriores. El segundo es el cansancio y hasta desesperación de los ciudadanos ante la serie de acontecimientos post 20 de agosto, entre los cuales destaca la paralización del país, finalizada con un rechazo ante los efectos negativos de todo tipo, aun entre quienes comprendieron la necesidad de presentar un frente para respetar ese resultado, sorprendente en su primera vuelta, pero explicable en la segunda, por ser de nuevo un voto en contra.

En cuanto al número real de días, se puede iniciar pensando con humor negro —un subproducto de la desesperación— en la “vuelta Guadalupe Reyes”, por las celebraciones decembrinas iniciadas el día de la Virgen de Guadalupe y terminada el dedicado a los reyes magos. Eso reduciría la cifra a sólo 40 días… pero retornando el análisis en serio, el tiempo es demasiado corto al existir la posible rendición de quienes ven con alarma la serie de posiciones contradictorias en un factor fundamental de la vida en la sociedad democrática: el respeto al Estado de Derecho, entre el cual la Constitución de Guatemala incluye la idea de ser superior el beneficio colectivo al interés individual, lo cual no lo hace verdad escrita en piedra porque no hay derecho Absoluto, con mayúscula, y sí una coincidencia entre la Lógica, la Ley y la Ética.

A mi juicio otros factores a tomar en cuenta son las consecuencias de defender el Estado de Derecho según uno u otro punto de vista. En este caso, si cada uno de estos lleva a un resultado malo, escoger entre cuál de ellos es menor. Lo ilustro con un ejemplo práctico: si alguien tiene gangrena, se debe escoger la amputación para salvarle la vida, por ser tal acción médica un mal menor a no hacerlo y causar la muerte, lo peor. El proceso político guatemalteco ha sido famoso desde hace décadas, casi desde el inicio de la etapa de democracia electoral ahora desfalleciente y sometida a ataque sistemático, a causa de errores y acciones malintencionadas causantes a la vez del fin de la confianza ciudadana en el concepto mismo de la democracia como sistema de gobierno, aunque sea el menos malo de todos —como dijo Churchill (me parece).

Una novedad en el comportamiento ciudadano ha sido precisamente esa decisión de la presentación por distintos grupos y personas de sus respectivos convencimientos frente al resto, en una forma presente antes, es cierto, pero no con la seguridad de esta ocasión. Eso lleva por supuesto a posiciones irreconciliables y a la calificación de enemigo, o de antipatriota a quien piensa y actúa distinto además de una lamentable decisión de utilizar al insulto y a la diatriba como una forma de defensa o de ataque. Es una reacción casi natural a la falta de costumbre. Y ahora también comienza a aparecer en lontananza el concepto existente pero poco practicado, de no actuar en contra del país como una especie de venganza ante una derrota electoral, una de las posibilidades básicas de todo proceso democrático en la alternancia del poder.

Ante esa realidad, creo importante entender al proceso electoral como parte del proceso democrático y entonces no tiene fecha de caducidad, realmente. Lo tendrá en el aspecto legal de estar de acuerdo en quién ganó la elección y cómo quedará integrado el Congreso, pero una vez terminada esa etapa el beneficio de la colectividad, del país, es superior al de un grupo o de un individuo participante en política. La judicialización de la política puede llegar a ser aberrante si se lleva a extremos ilógicos e incorrectos. En este momento nada puede sustituir al convencimiento de la necesidad de pensar y actuar según el bien común, aun aceptando la realidad de haber varias. Es un esfuerzo complejo pero simple si se tiene idea clara de cuál es el objetivo para lograr la reanudación del avance del país, ahora detenido.