La iniciativa 5915, Ley de libertad de religión y creencias de culto y de conciencia, impulsada por el presidente Alejandro Giammattei y la banda, perdón, bancada oficialista, genera muchas dudas porque es totalmente innecesaria. El artículo 36 constitucional protege la libertad de religión, al indicar que el ejercicio de todas las religiones es libre: “Toda persona tiene derecho a practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más límite que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos”. Si ya existe este precepto en la Carta Magna, ¿cuál es el interés de crear una norma redundante? Por ello hay que buscar más allá del entorno religioso el objetivo perverso que se escondería en esa propuesta, sobre todo si viene de la alianza oficialista, que se ha caracterizado por la opacidad y la corrupción.

En los últimos años se ha hecho muy cercana la relación entre líderes religiosos neopentecostales, profetas les gusta a algunos que los llamen, y la cleptocracia del país. Así vemos que oran por ellos en sus megatemplos y hasta llaman al voto en forma indirecta, como lo hizo Jorge H. López, de la Megafráter, a favor de Giammattei, en las pasadas elecciones. Por eso no es de extrañar que el proyecto de ley lo presentara el presidente del Organismo Legislativo, Allan Rodríguez, en mayo pasado, y en poco tiempo recibiera la adhesión de 72 diputados de la alianza oficialista. La guinda la puso el presidente Giammattei cuando, el viernes pasado, acuerpó la iniciativa y le pidió a la población no dejarlo solo en esa supuesta lucha por la fe. Realmente es vergonzoso que el mandatario apele a sentimientos religiosos cuando vivimos en un Estado laico. Es obvio que le han calado las críticas por su incapacidad en el manejo del covid-19 y se refugia en la religión para obtener respaldo.

Pero tras esta iniciativa hay intereses nada religiosos. En el artículo 15 de la propuesta se encuentra un punto por demás escandaloso porque prácticamente autoriza el lavado de dinero, por la vía de limosna, diezmo u ofrenda, sin importar la cantidad. Se señala que las entidades religiosas no están facultadas para realizar fiscalización, investigación o averiguación del origen de los fondos de sus donantes porque esa función corresponde a las autoridades competentes. O sea, no importa de dónde provenga el dinero. Todavía tengo presente la investigación que hizo Univisión sobre los vínculos de Cash Luna, pastor de Casa de Dios, con la narcotraficante Marllory Chacón, extraditada y condenada en Estados Unidos. Ambos eran vecinos en un condominio de la carretera a El Salvador y ella le habría entregado dinero a Luna para construir su megatemplo. Por esa vía también podrían surgir negocios entre la cleptocracia y las iglesias neopentecostales para que fluya el dinero de la corrupción o del crimen organizado sin que nadie que lo controle.

No nos podemos engañar con discursos fariseos como el de Giammattei. El mandatario finge ser provida y luchar contra la inexistente “agenda globalista” que solo cabe en mentes obtusas. En realidad, su objetivo es legalizar el lavado de dinero que puede servir para muchas cosas, entre ellas financiar futuras campañas electorales o construir grandes mansiones. Este sería otro privilegio para las iglesias, además de que están exentas del pago de toda clase de impuestos. Esa iniciativa de ley entra en contradicción con la lucha contra el narcotráfico porque le abre las puertas de par en par a la bancarización de dinero de origen sucio. Esta es otra muestra de cómo la cleptocracia que gobierna el país se interesa por favorecer a dirigentes religiosos que tienen agenda oculta y no por los intereses de la población, a la cual se deben.