Apartir de ayer comenzó una etapa sin precedentes en este atribulado país llamado Guatemala. Al terminar el plazo de los cargos en las magistraturas del sistema judicial, se abre una etapa de incertidumbre porque deja de hecho cercenado a uno de los tres poderes del Estado, es decir el Judicial. El caos ya tiene todos sus elementos: de los otros dos poderes, el Ejecutivo se encuentra en un impasse, a causa del largo plazo entre las elecciones y el 14 de enero; al Legislativo le pasa lo mismo con una diferencia: los actuales diputados se encuentran en una lucha por dejar al próximo gobierno con la mayor cantidad de trabas posibles. Ahora, el Judicial se une a este trío de instituciones inútiles, atrapadas o con las manos atadas para funcionar como debe ser.

La Corte de Constitucionalidad tiene un papel primordial en este callejón jurídico sin aparente salida. Según la Ley del Organismo Judicial, nacida hace dos años a instancias de la Cicig, nadie puede dejar un puesto público mientras no llega el sustituto. Pero la CC abrió el laberinto al aplicar esta norma e impedir la salida de los magistrados, quienes sí pueden juzgar, pero no emitir sentencia. Es algo similar a ser dueño de una casa y al mismo tiempo no poder tomar posesión. La forma de solucionarlo, creo, es repetir todo el proceso previo para el nombramiento de magistrado. Pero a causa de las trabas de toda clase, amparos y demás procedimientos legales, el tiempo se alargará de manera impredecible e incluso podría llegar a varios meses o —peor aún— años.

El país se encuentra en un río revuelto terrible. Se beneficiarán quienes en forma maliciosa o en abierto fraude de ley son los causantes de este laberinto. La CC, dicen algunos juristas, debe entonces revocar el amparo concedido en forma provisional. Es la solución menos lenta, pero sobre todo causante de menor rechazo y desesperanza entre la población. Las comisiones de postulación tienen su parte de culpa: durante cinco años tuvieron la oportunidad de mejorarlo revisarlo y no lo hicieron. Sufriremos una vez más un sistema defectuoso y chapucearlo. Se deben deducir responsabilidades, ante un jaque mate ya hecho realidad. Todo esto es un ejemplo de la imposibilidad de pensar en todas las posibilidades y plasmarlas en la ley. De ahí surge el callejón sin salida.

El jaque mate está dado. No es de solución rápida. Lo menos lento es la revocación del amparo. Las lógicas filosófica y jurídica deben contemplar la posibilidad de tomar acciones sin precedentes en caso se llegue a situaciones como esta. La solución de ampliar el período de los magistrados mientras llegan los sustitutos es imposible porque implica un rompimiento constitucional. Otra salida, señalada por algunos juristas y a mi juicio atendible, es la necesaria derogación del amparo, porque es correcta al implicar la aceptación de un mal menor: hacer a un lado la evaluación del desempeño de los magistrados. Ciertamente es un riesgo, pero otra verdad señala la enorme dificultad de encontrar buenos candidatos entre los 30 mil abogados colegiados.

No se garantiza éxito por esa evaluación, porque en la actualidad los cargos judiciales han perdido prestigio, al punto de no ser deseados por profesionales del Derecho adecuados. Para los ciudadanos de la calle, al escoger entre el espíritu de una ley y la literalidad de su texto se inclinan por el primero, porque el segundo tiene como resultado negativo estar basados en una letra inútil, por decirlo así. En la actualidad hay una batalla entre abogados de cualquiera de esas tendencias, con el problema de esta aferrados a su posición, sin acordarse de los efectos para la sociedad. Yo me pregunto dónde estarán los inversionistas locales o internacionales dispuestos a arriesgarse a meter dinero en un país donde los jueces juzgan, pero sus efectos no pueden realizarse por caer en la inconstitucionalidad.