La planificación permite integrar de forma coherente los objetivos generales y particulares, procesos, tareas e indicadores de una tarea, sea esta personal, familiar, laboral, institucional o de Estado. Su razón de ser es eliminar el comportamiento reactivo en cuanto a tomar decisiones a medida que los problemas se presentan, desestimando los objetivos previamente establecidos, generando caos. La ausencia de planificación o una mala planificación proviene de una pobre cultura administrativa que conduce al uso inadecuado de recursos, demerita la calidad del producto y servicio prestado, generando desperdicio e incremento del costo de la operación.

El Estado de Guatemala se organiza, según lo definen los artículos 1 y 2 de la Constitución Política, para “Proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”, y “Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”… pocas palabras, grandes objetivos.

Sin embargo, hay un universo de por medio entre esos postulados vigentes desde el 14 de enero de 1986 y su realización. La mayoría de gobiernos electos poco o nada han hecho por cumplirlos, y pese al reclamo popular, la rectificación de comportamiento no llega, pues es bien sabido que las estructuras corruptas enquistadas en la Administración Pública se las han arreglado para garantizar que los intereses de la clase política, una vez en el poder, se satisfagan a plenitud; es decir, su enriquecimiento, normalmente a costa del bien común. Para eso fue necesario desvirtuar la Administración, creando nuevas instituciones que tergiversen la función pública, compliquen los procedimientos y abran la puerta para que los nuevos funcionarios alcancen sus fines.

Una de esas instituciones, creada bajo el aura de la planificación, es el Programa Nacional de Competitividad de Guatemala (Pronacom), que propicia estudios con préstamos internacionales tendentes a favorecer al sector empresarial con proyectos público-privados, cuyos beneficios hasta ahora se desconocen.

La Planificación de ordenamiento territorial, conservación patrimonial y desarrollo económico para el departamento de Sacatepéquez es un caso elocuente, sustentado en un préstamo por US$3.5 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el que contrató a una empresa española, por Q10.5 millones.

El reclamo de vecinos organizados de La Antigua Guatemala fue ante la existencia de unos 18 instrumentos técnico-legales de planificación elaborados durante los últimos 30 años, con aportes suyos y de la cooperación internacional, sin costo para el país. Si el interés hubiera sido hacer algo por la histórica ciudad, su actualización y complementación no habría sido tan onerosa… aparte el hecho de que entre lo pagado a la empresa contratada y el monto del préstamo hay una diferencia no reportada, cuyo reclamo debería hacer el propio Estado, vía la Contraloría General de Cuentas de la Nación, pues son US$3.5 millones que los guatemaltecos tendremos que pagar.

De Pronacom se conoce lo que publica en su página Web y las noticias de prensa. Se trata de una entidad legal y formalmente constituida, pero espuria en cuanto a su naturaleza y objetivos. Se integra con los ministerios de Estado, excepto Cultura, el Cacif y la Cámara de la Construcción, como si esta no perteneciera a aquel, lo que permite suponer doble voto en asuntos pensados, orientados y tramitados para beneficio de los empresarios organizados.

En la actualidad el Congreso debate su crecimiento a otro bodrio mejorado: ProGuatemala, evidentemente con la intención de expoliar aún más el erario nacional.