La poeta chilena Gabriela Mistral, primer premio Nobel latinoamericano de Literatura, expresó: “Quien dijo maestra, dijo sembradora”, sin excluir a los maestros. En Guatemala ya no se cumple. La labor magisterial debe sembrar el conocimiento en los alumnos, para luego lograr los frutos positivos para un país en los años posteriores. Los maestros deben ser dirigidos por alguien convencido de esto y por ello es nefasta la participación de Joviel Acevedo, infernal aunque escondido dirigente del magisterio público cuyo último y repudiable acto es su negociación secreta de un nuevo pacto bianual con el igualmente nefasto gobierno. El magisterio público, por su parte, tiene pocos deseos y posibilidades de cumplir su misión.

No hay escuelas suficientes, y tampoco están equipadas. No se evalúa la labor magisterial y se ha llegado a declarar a los alumnos de primaria ganadores por decreto ministerial. Obviamente, no la totalidad de los maestros merece críticas, pero a causa del largo tiempo pasado en estas condiciones, no dan bien las clases de matemática y lenguaje –por ejemplo—, si ellos mismos no recibieron la instrucción adecuada cuando estuvieron en primaria y secundaria. Eso afianza el subdesarrollo nacional e impide el avance en la situación económica y social de quienes fueron educados por el Estado y también por algún porcentaje no especificado de quienes se educan en establecimientos privados, con esfuerzo de los padres de familia de todo el país.

Los efectos negativos en todos los campos se seguirán sintiendo aun mucho después del hundimiento en la Historia nacional, sobre todo de los gobiernos del reinado jovielesco. Por tratarse de asuntos públicos, el ciudadano tiene derecho a conocer intimidades, la prensa de informarlas y los comentaristas independientes de dar sus puntos de vista. Las güizachadas del ministerio para actuar así intentan justificarse con una ley de acceso a la información pública, obviamente inconstitucional. Los efectos se manifestarán en el aumento del éxodo guatemalteco, al cuyas divisas se deben las cifras económicas oficiales. En suma, solo aumentará el apabullante analfabetismo, tanto real como funcional. Sigue campante la politiquería y la incapacidad de ver malas consecuencias.

Necesidad de lenguaje claro

Las críticas son mejores si usan el lenguaje con claridad. Ayer me llamó la atención el criterio de un buen analista de “no ser lo más aconsejable que las cortes supremas elijan jueces” y de “ser lo más sano que haya un Consejo independiente de la Carrera Judicial.” Más tiene muchos significados, uno de ellos comparativo. “Más sano” y “más aconsejable” implican —lógica lingüística— calificar de simplemente sano y aconsejable algo, en este caso a los procesos como ocurren ahora. No es su intención, estoy seguro, pero así es en español. Por eso la crítica no puede ser un ejercicio de diplomacia ni de interpretaciones múltiples, aunque todos tienen derecho constitucional a pensar distinto y presentarlo con sutileza, pese a que esta, a veces, sea contraproducente.

“Este es el estudiante más preparado” implica a otros estudiantes preparados. Menciono lo de las cortes y los jueces porque lo vi ayer, pero ello no implica ausencia de otros ejemplos en escritores, comentaristas y funcionarios. No es un análisis político —harina de otro costal—. Mientras más claro sea un mensaje —es decir, hay mensajes claros—, es más fácil la comprensión del lector o del escucha a otros textos claros. No es juego de palabras. Los abogados saben bien los efectos del uso equivocado del lenguaje, cuyo significado incluso es superior a algunos artículos legales. Un ejemplo claro es la innecesaria discusión sobre si Ríos Montt podía ser electo pero no optar, o sea recibir, la presidencia. Por lógica elemental, si no puede asumir, tampoco podía ser candidato.