Se esperaría —¡Ay con las utopías!— que en momentos de crisis, determinadas instituciones que en situaciones de normalidad abogan por derechos y dignificación del trabajador, actuaran en el marco ético que proclaman en sus discursos. Se escucha constantemente a las organizaciones sindicales abogar por la justicia, la igualdad o los derechos de sus afiliados. No obstante, en esta crisis del COVID-19 se han mostrado como lo que son: grupos de presión y chantaje que huyen y se esconden en momentos de necesidad. Un líder sindical, como el señor Acevedo, que se sienta sin pudor con cualquier gobernante, pacta o negocia con no importa quién o lanza a sus huestes a las calles para parar el país y exigir subida salarial para dignificar al maestro, ahora está callado, silenciado, escondido, sin propuestas.

De entre los préstamos avalados por el Congreso, en esas cuestionadas sesiones celebradas al inicio de la pandemia, se aprobó una millonaria cantidad para hacer frente a pactos colectivos de salud y educación. Hubiese esperado que si apenas hay instalaciones adecuadas para llevar a cabo clases presenciales con un mínimo de dignidad —absolutamente ausente lo virtual— los sindicatos saliesen a proponer soluciones, pero eso no ha ocurrido. Quizá tomar las vacaciones durante abril y mayo y prolongar las clases hasta diciembre hubiese sido algo a considerar, pero el magisterio calla, aunque cobra, sin ser parte de la solución de este problema. La educación y la niñez les dan exactamente igual, como se venía intuyendo.

La única manifestación de ciertas organizaciones sindicales ha sido solicitar bonos especiales por la pandemia. Así lo han hecho sindicatos de Puerto Quetzal y de la SAT, entre otros, mostrando lo que son: chantajista y oportunistas a los que hay que confrontar con la dureza legal y moral de una sociedad a la que tienen parasitada.

En todas las crisis hay oportunidades, y esta no es una excepción. Se ven las instituciones que sirven y las que no, y en estos momentos difíciles los sindicatos no han servido absolutamente para nada. Una inútil carga económica que no debemos soportar por más tiempo. Es momento de que el Presidente ordene a la PGN la anulación de los pactos colectivos por ser perjudiciales para el Estado. No es posible seguir negociando, después de que pasemos este bache epidemiológico, con personajes que hunde el país con sus posturas y actitudes, y debemos buscar fórmulas para que no continúe el reparto del pastel presupuestario entre grupos de parásitos sociales.

A la administración anterior —como a otras— le faltó carácter para hacerlo y detuvo procesos avanzados que tenía en sus manos la PGN, al igual que en la época de la UNE —Sandra Torres concretamente— se impidió la destitución de Joviel Acevedo tras un proceso legal iniciado en el gobierno anterior. Este país está repleto de depredadores de fondos públicos. Algunos hacen lo propio aún desde prisión, otros siguen libres y al frente de organizaciones políticas o sindicales, y son consentidos.

Una sociedad moderna con presupuesto público ajustado, no puede permitirse que cada año tanto los Puertos como el Organismo Judicial, la SAT, el Congreso o las Municipalidades, por poner otros ejemplos a los ya citados, vean en el Estado un botín al que hay que sacarle la máxima tajada y quedarse con todo lo posible, porque así no se avanza ni hay dinero público que alcance.

Aunque sea un tema secundario, es momento de tomar este tipo de decisiones. No es posible que el dinero no llegue y a esos colectivos, que se excluyen de las soluciones, se les suba el salario.