Ayer fui invitado a escuchar un “webinar” (participación vía electrónica de una discusión sobre algún tema) acerca de la constante violación al derecho de la propiedad privada garantizado en la Constitución. Me sorprendió un aspecto: en la hora utilizada para hablar del tema, sus causas y consecuencias, no fue mencionado ni una sola vez el tema de la corrupción. Evidentemente, esto no significa la creencia de no tener relación con el asunto tratado, sino confirma la necesidad de hacer girar a las discusiones a todo nivel en el centro verdadero de los problemas, del cual derivan todos, porque a causa de este flagelo en la práctica de nada sirven las leyes ni el andamiaje jurídico del país.

La entidad organizadora fue la recientemente creada Asociación de Defensa de la Propiedad Privada y participaron como panelistas los abogados Mario Fuentes Destarac y Edgar Taylor, ambos de impresionantes hojas de vida jurídicas y conocimiento de los temas legales, mientras fungió como moderador el abogado Alfonso Cordón, también destacado jurista. Fue buena y necesaria la actividad, pero por momentos debilitó el interés de quienes lo escucharon y no son abogados, por las constantes citas de los artículos referentes. Como he señalado a mis amigos juristas, lo importante es el fondo, el tema, de los artículos legales, y no ser —por ejemplo— el número 28. Esto se debe a no tomar en cuenta las calidades del público, no necesariamente expertos.

Mi interés por la actividad se despertó porque la Constitución habla abiertamente de este tema. El incumplimiento de este derecho intrínseco, esencial, tanto humano como jurídico, está íntimamente ligado con la perseguible corrupción. Se mencionó a la flagrancia, es decir la comisión de un delito o un crimen “frente a todo el mundo”, pero esta, al no ser tomada en cuenta para acelerar los procesos y evitar su empantanamiento en procedimientos convertidos en guizacherías para atrasar a la justicia y desesperar a las víctimas, se convierte en una de las bases por las cuales la ciudadanía no tiene la percepción, sino el convencimiento de la inutilidad de acudir al sistema legal, pues funcionará por corrupción pura o sus parientes: influencia, amiguismo, cohabitación.

Una frase muy buena refirió la necesidad de aplicar adecuadamente las leyes, no aumentarlas Ahora son inoperantes porque tampoco existe una política acerca de cómo tratar la criminalidad. Fue muy adecuado calificar de crimen organizado a los grupos de estafadores, ladrones de documentos legales, destructores de cosechas, y así un largo etcétera. El crimen organizado, como expresaron los participantes, no solo se refiere a la droga, sino también a las bandas dedicadas a estafar, a apropiarse de objetos, lotes, tierras, fincas y otro tipo de propiedades, así como de la propiedad intelectual, en nuestro país casi inexistente porque no se le ve la importancia al producto de la mente en sus manifestaciones culturales o artísticas, por ejemplo. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de algo dentro de los límites de la ley.

Nuevo protocolo para eliminar la aprehensión y la incertidumbre de los ciudadanos. Estas provocan la abstención de invertir en el país y reducir los empleos, entre muchos otros males. Por esas causas, en mi opinión debería haber en forma constante actividades como la de ayer, para permitir al ciudadano conocer sus derechos. Al comprender esto y considerar a la corrupción como el motivo principal del atraso del país, se facilitará la actividad ciudadana para exigir esos derechos, siempre dentro de los márgenes legales, la cordura, la lógica y el entendimiento de los efectos dañinos de vivir en un país donde de hecho impera la ley de la selva. Ojalá pronto se toque exclusivamente el tema de la corrupción.