Los achaques sufridos por Alejandro Giammattei solo fueron admitidos oficialmente cuando ya todo el mundo lo sabía, enterado por las redes sociales. El asunto no tiene nada de extraordinario porque es una posibilidad real para toda persona cuando ya tiene cierta edad y el estado de su salud podría estar mejor. Es un tema de interés nacional y por ello en los países desarrollados se informa profusamente, aunque —claro está— no sean publicadas las interioridades médicas, conocidas únicamente por el cuerpo médico. En Guatemala el gobierno o tal vez el paciente había ordenado silencio. Debe verse como una más de la miríada de metidas de pata, al abrir la puerta a rumores.

Cuando un presidente enferma puede ser algo sin importancia, con riesgo mínimo. Pero también puede implicar —cuando se trata de una pancreatitis o una crisis cardíaca— el retiro temporal del puesto y la sustitución por quien, al ocupar la vicepresidencia, debe hacerlo por mandato de la Constitución. Igual sucede si el presidente muere, como fue el caso de John F. Kennedy, en 1962, sustituido por el vicepresidente Lyndon B. Johnson. En Guatemala, como siempre, el asunto de este tipo de sustitución en este momento se complica a causa de las especiales circunstancias de divorcio entre los integrantes del binomio actual.

Si cualquiera de estas posibilidades ocurriera, no habría nada para discutir, porque el Congreso está obligado a hacerlo de inmediato. Pero a causa de la manera tan fuera de la ley y de la lógica rampante ahora, el parlamento trataría de elegir a alguien más, como debió hacerlo al ocurrir la doble renuncia de Otto Pérez Molina y de Roxana Baldetti y le dio el mando a Alejandro Maldonado y Juan Alfonso Fuentes. El punto principal es la necesidad del conocimiento de la población, sobre todo porque una ausencia de varios meses de hecho dejaría sin cabeza al Ejecutivo. Los oficialistas sin duda harían hasta lo imposible para ningunear al fantasmal Guillermo Castillo.

Resolución será firme

La decisión de la jueza de Mayor Riesgo Claudette Domínguez a Sandra Torres tiene todas las posibilidades de quedar firme. La posibilidad de una acción en contra, proveniente del Ministerio Público encabezado por Consuelo Porras constituye una prueba de inocencia. Solo sería posible a consecuencia de alguna orden directa de Alejandro Giammattei, jefe de facto de esa importante dependencia, cuya principal actividad desde la llegada de la doctora “copy paste” de una tesis de Derecho a todas luces prueba de subdesarrollo de la universidad donde lo obtuvo. Este asunto pertenece también a las barbaridades jurídicas, políticas, éticas y morales constantes en este período histórico.

Sandra Torres, la terca y eterna aspirante presidencial de la UNE, había sido legalmente defenestrada de ser la todopoderosa de esa tan cuestionable entidad politiquera, la cual, pese a ello, es un partido con fuerte caudal político. De hecho ha sido hacedora de presidentes, porque su participación provocó el voto en su contra causante de la llegada a la primera magistratura de la Nación del innombrable politiquero Jimmy Morales y del impresentable Alejandro Giammattei. Este último, ávido de apoyo, se puso a negociar –al punto de haber creado un nuevo término político nacional: “contubernear”— para apoyar el antitécnico e inalcanzable presupuesto nacional para el año entrante.

Poco después la jueza evidentemente pro oficialista Domínguez entró en escena y llegó al extremo de retirar los cargos, como ha ocurrido con otros personajes acusados de delitos desde hace incluso años. Parecería una forma de cumplir con el contubernio, pero los oficialistas olvidan, por su incapacidad, la fuerza política de la multiaspirante, fuerte aunque ya en disminución por desgaste a causa de la evidente separación interna del partido. Pero la movida legal tiene riesgos: los candidatos a la disposición del oficialismo tienen poco o ningún caudal político. En resumen, cada vez se afianzan la debilidad jurídica y el ensombrecimiento de las próximas elecciones.