La teoría de la existencia de derechos inherentes al ser humano y por ello inseparables tiene una vida corta —menos de cien años— y es un instrumento necesario y útil para conocer acciones y decisiones causantes de ruptura o deterioro de la dignidad humana. Gracias a estos derechos, hoy en día se pueden juzgar mejor hechos de la Historia, pero esto no significa dejar de tomar en cuenta al momento y las características de la sociedad en una determinada época. Algunos errores e incluso hasta barbaridades humanas se pueden explicar, aunque no justificar, para entender mejor los avances de períodos posteriores. La abolición de la esclavitud, por ejemplo, permitió luego analizar sus acciones para rechazarlas. Se llegó pronto a crear una procuraduría sobre este tema.

Por ser Guatemala un país de difíciles condiciones y tristes hechos históricos, la PDH es una institución política cuyo campo de acción alcanza la política real, no la politiquería, porque su tarea es velar por el cumplimiento de los derechos humanos, caracterizados por tener una amplia gama. Esto solo puede tener éxito si quienes la tienen a su cargo lo hacen con seriedad, pensamiento desideologizado, responsabilidad histórica, valentía, y sobre todo un balance total en cuanto a los señalamientos sin distinción ni preferencia alguna, ya sea política, religiosa, social, etcétera. Una dificultad fundamental es la escogencia de quien ocupará ese cargo, una indudable judicatura respecto del funcionamiento real de la sociedad. Necesita cualidades, pero sobre todo una imagen equidistante.

La PDH de Guatemala es una institución derivada de la Constituyente de 1985. El país llegaba de una época con graves violaciones a los derechos humanos, sobre todo el derecho a la vida. La ONU, interesada en ese tiempo en ayudar al país, colaboró con la creación de la entidad. Los primeros procuradores fueron el licenciado Gonzalo Menéndez de la Riva, Ramiro de León Carpio y Jorge Mario García Laguardia, quienes venían precedidos de un brillante historial. Pero el absoluto prestigio institucional de esa primera etapa se fue desvaneciendo, como en general ocurrió con las instituciones estatales. Los candidatos comenzaron a sufrir una disminución en su prestigio. Y hoy, la mayoría ciudadana a la PDH la percibe como un actor oculto de determinado interés.

La lista es larga, pero la principal queja de la población contra la PDH es la parcialización de sus actitudes y protestas. Los dictámenes han caído en dos posibilidades: a) Constituir declaraciones retóricas; b) Privilegiar temas derivados o de interés para sectores de izquierda, pero no tomar en cuenta los derechos de personas de otro signo ideológico. A causa de este desbalance en la realización de la tarea, la defensa de los grupos o personas tomadas en cuenta se convierte de hecho en problema, precisamente a causa de crearse la impresión, varias veces comprobable, de decisiones con dictámenes de conciencia aplicados para un grupo y olvidados para otro.

A esto se debe agregar la imagen del ciudadano común y corriente de hoy, así como del desprestigiado Congreso, cuya escogencia de los candidatos es rechazable casi a priori. Escogerán los aspirantes más cercanos al gobierno, para impedir la posibilidad de acciones de la PDH en defensa de la ciudadanía. El enredo aquí descrito solo se podrá entender si se colocan en el tablero de ajedrez las piezas convenientemente situadas para beneficio de alguien: la alta burocracia. No es momento hoy de señalar a algunos aspirantes, pues por su trayectoria —no siempre clara—, los señalamientos y tachas ya son conocidas de sobra. Independientemente de quién sea el ungido, solo vale la pena reiterar la actual debilidad institucional de esa procuraduría, como efecto de yerros.