Hoy, en el Tribunal de Sentencia de Puerto Barrios, Izabal, a cargo del juez Jesús Felícito Mazariegos, se lleva a cabo la séptima audiencia del juicio oral y público que se sigue por las muertes de Nahomi Lara Orellana, Juan Carlos Velásquez Marroquín y Ángel Rodolfo de León Palacios. Tres estudiantes que murieron en marzo del 2012, en circunstancias que todavía no se han podido esclarecer, mientras hacían una práctica universitaria supervisada en las instalaciones de la minera de níquel CGN, en El Estor. El biólogo que era trabajador de la minera, Alfredo Lemuel Valle Albizures, está acusado de homicidio culposo, y como terceros civilmente responsables están la minera Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y la Universidad del Valle de Guatemala (UVG).

Las familias de estos tres jóvenes llevan siete años luchando. Para llegar al punto donde están hoy han tenido que ir a contracorriente del sistema de privilegios, poder e impunidad que tiene cautiva a la justicia. Las muertes de estos jóvenes no tienen connotación política, pero al igual que pasar con varios casos de alto impacto, todos los involucrados han sido victimizados y revictimizados por un sistema acostumbrado a favorecer siempre a quienes tienen más poder e influencia. Lamentablemente, la minera de níquel y la Universidad del Valle de Guatemala han hecho cuanto les ha sido posible para retrasar, retorcer y obstaculizar el proceso. Efectivamente, a pesar de que la denuncia fue planteada por los padres de los fallecidos en mayo del 2012, el juicio inició hasta enero del 2019, debido a que tanto la UVG como la CGN plantearon gran cantidad de recursos y amparos tratando de retardar o detener el proceso, argumentando que no tienen responsabilidad en la muerte de los jóvenes, como que ellos no habían ido a los terrenos de la minera en una práctica instruida por la Universidad, y consentida obviamente por la empresa que prestaba las instalaciones.

En lugar de ayudar a las familias a esclarecer lo ocurrido, ambas han hecho lo posible por “zafar bulto”. Duele particularmente la UVG, pues siendo una instancia académica reputada, ha dado un pésimo ejemplo a la sociedad y a los alumnos que forma acerca de cómo asumir una situación compleja, con responsabilidad y ética, anteponiendo el mejor interés y bienestar de sus alumnos a cualquier otra cosa. La minera CGN no se quedó atrás; de hecho, los recursos planteados por la minera contaron con el beneplácito del juez de Primera Instancia que llevaba el caso al inicio. Fue hasta que se recusó al juez Aníbal Artiaga, señalado en múltiples ocasiones de beneficiar a la minera de manera incondicional, que finalmente se logró que el proceso avanzara.

El juicio está llegando a la última etapa de presentación de pruebas, inicio de las conclusiones y presentación de alegatos finales de cada parte. El juez que actualmente preside el Tribunal tiene una enorme responsabilidad: emitir un fallo justo, basado en la evidencia y que pondere adecuadamente los hechos y la pérdida de estas tres vidas en plena formación, así como el rol de las entidades involucradas y de las personas directamente responsables de acompañar a estos jóvenes en su actividad formativa de campo.

Este asunto no es de menor importancia; el veredicto sentará un precedente social, acerca del alcance de las responsabilidades que adquiere una entidad formativa cuando les confiamos a nuestros hijos, y sobre el tipo de medidas preventivas y de seguridad que deben tomar las empresas y los tutores de campo cuando acceden a tener pasantes. La finalidad última debería ser evitar que vuelva a darse una tragedia similar.