Desde cualquier ángulo que se examine, el gobierno crece año con año, en términos de quetzales, deuda, burocracia, promesas y responsabilidades. A la par de este crecimiento, no hay mejoras en efectividad, capacidad de gestión y cumplimiento de compromisos, incluso los elementales. Con su crecimiento, el Estado se ha convertido en una máquina de plazas y un gran aparato de extracción en el que priva la transacción por encima del diálogo y el alcance de objetivos. Las élites políticas carecen de rumbo y son incapaces de producir resultados para la sociedad.

Muchos pensábamos que la revelación de La Línea y la sofisticada organización de saqueo del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti sería una coyuntura crítica que marcaría un cambio. La indignación y exigencia de un alto fue palpable. Revelaciones recientes, como la caleta de Q122 millones ubicada en una residencia en Antigua, y el “paradero desconocido” de Q135 millones de Caminos, son apenas sonidos aislados de una gran orquesta de negocios de despojo. En septiembre salió a luz que el Ministerio de Cultura y Deportes, uno de los más pequeños, contaba con 971 “asesores”. Correlacionado al masivo saqueo está la baja capacidad de gestión, particularmente en los servicios esenciales: educación, salud, seguridad y administración de justicia.

El Organismo Legislativo no funciona. En teoría, es una asamblea de dignatarios, representantes electos para producir la legislación adecuada para promover el bienestar de la ciudadanía. Aquí privaría la presentación de proyectos de ley, que serían objeto de análisis y discusión razonada, evaluación de costos y beneficios. Los miembros de este cuerpo colegiado estarían abiertos a la persuasión por argumentos elocuentes que distinguen entre lo sano e insano. Habría agenda legislativa de largo plazo, que paso a paso persigue los grandes objetivos institucionales que necesita el país. Sería posible alcanzar consensos y acuerdos porque le convienen al país, no porque le convienen al diputado o al partido. Esto no es lo que sucede en el Congreso, no hay discusión ni persuasión, solo transacción de intereses. El Congreso es un centro de negocios, en el que el auténtico legislador se encuentra aislado e impotente. Ven baboso al diputado que sale del Congreso más pobre que cuando entró.

El Organismo Judicial es esclerótico, las cabezas son operadores políticos y los cuerpos están atrapados en anticuados formalismos jurídicos y tortuguismo procesal. Ejecutar un contrato en Guatemala toma, en promedio, casi cinco años, en primera instancia, y un alto porcentaje de los privados de libertad está en prisión preventiva mientras los expedientes se humedecen en alguna gaveta oscura. El amparo es una bala de plata capaz de matar cualquier cosa, desde grandes empresas hasta el nombramiento de un magistrado o la mera discusión de un proyecto de ley.

La actividad económica que muestra más crecimiento y dinamismo en el país es la exportación de ciudadanos, y entre las rutas más prontas y prometedoras para alcanzar la prosperidad personal están la corrupción en el gobierno y el crimen organizado. Mientras tanto, la gran mayoría de la población honrada solo aspira a la posibilidad de que el trabajo duro y tesonero conduzca a un mejor futuro. Muchas personas saben que es necesario que ocurran cambios importantes en Guatemala, e incluso tienen buena conceptualización de lo que hay que hacer. Con sinceridad, ignoro de dónde puedan salir estos cambios. Requiere de liderazgos ilustrados y sanos que logren persuadir y alcanzar consensos. ¿Hasta cuándo?