Catalejo

TSE, su clara ignorancia constitucional o mala fe

Mario Antonio Sandoval

Dentro de los más elementales conocimientos de todo ciudadano, pero sobre todo si es abogado y, peor aún, si integra el Tribunal Supremo Electoral, es la prohibición de intentar cualquier forma de afectar la libre emisión del pensamiento, derecho de cualquier ciudadano, pero especialmente aplicado por los medios de comunicación, los periodistas, analistas y cualquier otra persona cuya opinión sobre cualquier tema sea divulgada en forma masiva. Esto incluye prensa escrita, ediciones electrónicas, radio, televisión abierta o de cable, así como las redes sociales, pero éstas son incontrolables y es imposible incluso verificar la veracidad de la existencia de todas estas formas de difusión. Por aparte, la censura previa es el “examen y aprobación que de ciertas obras hace un censor autorizado antes de hacerse públicas”. Obra: “Cualquier producto intelectual en ciencias, letras o artes” (Diccionario de la Lengua Española).

El actual TSE no despierta la confianza de sus antecesores. Se le ha señalado de responder a intereses de grupos o personajes políticos, y su última acción abona esta desconfianza. El 5 de marzo, en forma casi sigilosa, la totalidad de magistrados decidió censurar a los medios, al redactar y firmar por unanimidad un acuerdo para ordenar absurdamente a los medios informativos que soliciten permiso para realizar entrevistas, debates y foros, además de seleccionar los temas, cómo y en qué orden serán presentados, tarea otorgada a la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación, cuya integración es un misterio. Como si no fuera poco, de hecho los partidos tienen un virtual derecho a veto. No es un chiste de mal gusto, pero la estulticia respecto a la libre emisión del pensamiento sólo permite pensar en la posibilidad de mala fe.

Hace algunas semanas, el mismo TSE decidió ser el ente encargado de comprar los espacios de propaganda electoral, pero al 20% de su valor y en espacios y tiempo escogidos por algún oscuro personaje de esa entidad. Su error consistió en pedir a los medios integrarse a una lista para ser sujetos de venta de propaganda, por lo cual sólo se adhirieron aquellos medios con poca importancia o audiencia. Las solicitudes de inconstitucionalidad presentadas ante la CC están enmoheciéndose al negarse ésta a ver las implicaciones de la medida. Y tal actitud de dicha corte permite abrir a sospecha de un posible contubernio, si las solicitudes de declarar la evidente inconstitucionalidad de la idea del actual TSE son encerradas y con ello la decisión de éste se mantiene firme y pasa el corto el tiempo para las elecciones.

Ni siquiera la peor de las dictaduras guatemaltecas se atrevió a semejantes vedas a la expresión del pensamiento. Si un medio cualquiera debe enviar los listados de preguntas, a la vez consultadas con los partidos, la actividad periodística de cualquier tipo carece de validez, al convertirse en simple vocera de los politiqueros o el gobierno. Todo esto incluye, aunque no lo digan específicamente, a las encuestas de opinión pública, también carentes de todo sentido, con lo cual el portón queda abierto para el fraude electoral. Ya en este ambiente, en realidad las elecciones no tienen capacidad alguna de reflejar la voluntad ciudadana, aunque –como en el caso actual— les haga confiar en personajes nefastos, mentirosos, dispuestos a ser instrumento de poderes oscuros en todos los ámbitos de la sociedad.

La única opción es hacer un llamado a la dignidad y al respeto a la Historia por parte de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Las entidades excluidas de esta inconstitucionalidad –colegios profesionales, universidades y entidades académicas— no tienen alternativa a declinar este dudoso honor, porque los coloca entre quienes aceptan la censura previa y en el caso universitario arremete contra la libertad de cátedra. Al decidir esto, el TSE debe preguntarse –si no lo sabe y es voluntario— a quien está beneficiando con estas limitaciones. El siguiente paso es aplicar la ley a Zury Ríos, vedada por ley, y a Telma Aldana, víctima de sus equivocaciones. En ese momento, la preocupación debe aumentar ante Sandra Torres, poder detrás del trono de los cambios la ley electoral decididos hace un par de años.