Las ideologías y el ego de los actuales líderes políticos de Guatemala son los causantes de todo este caos. Si Bernardo Arévalo asume su responsabilidad como presidente electo y líder actual de los manifestantes puede hacer un llamado a parar los bloqueos. Si Alejandro Giammattei asume también su responsabilidad y controla los actos vandálicos, las agresiones a los demás y despeja las vías importantes, esto se detiene.

Las manifestaciones ya no son pacíficas, son violentas. Los bloqueos mediante el uso de la fuerza amenazando a quien quiere pasar de un lado a otro, cobrándoles una extorsión para dejarlos pasar o hacerlos bailar como se ve en algunos videos con motoristas, las amenazas con gente armada a negocios para que cierren, el incendiar y destruir edificios y las pertenencias de otras personas, el cortar el suministro de electricidad y de agua a una buena parte de la población y mucho más no son actos pacíficos, son violentos y son delitos.

Las peticiones por las cuales se iniciaron las manifestaciones pueden ser legítimas, pero entendamos que la fiscal no puede ser destituida por el presidente actual ni por ninguno. Justamente durante la Cicig y con el apoyo de todos los políticos que hoy manifiestan se blindó este puesto. Bernardo Arévalo debería saberlo, pero decepcionó en una entrevista donde ignoró este hecho. Como líder y como presidente electo de todos los guatemaltecos, debe actuar como conciliador y no seguir con las divisiones. Debe reconocer que esto ya se salió de sus manos y humildemente pedir que paren los bloqueos. Que manifiesten todo lo que quieran de forma pacífica, que protesten con los cacerolazos, que vistan camisas de algún color, que pongan cintas de colores en todos lados o lo que quieran que no afecte derechos de terceros.

Estoy claro en que el sistema de justicia que tiene Guatemala es un verdadero desastre y que es urgente cambiarlo. Pero no se resuelve cambiando a las personas que lo dirigen utilizando el mismo sistema que ha servido para la elección de estos. Hay que cambiar la forma de elegir a la fiscal y a los magistrados de ambas cortes, la de Constitucionalidad y la de Justicia. Trabajar en esto sería más productivo que simplemente pedir el cambio de la actual fiscal. Si renunciara la actual fiscal se escogería automáticamente a la segunda persona que obtuvo mayor calificación entre los candidatos escogidos. Pero si no fuera así, siempre el presidente de turno tiene la potestad de escoger al siguiente candidato. Con este sistema, cuando le toque a Arévalo, podría escoger a alguien sesgado totalmente a su favor y la historia se repetiría, pero al lado contrario.

La justicia es demasiado importante para que tenga sesgos. Por eso, la sugerencia es cambiar la forma de elección. Las calificaciones de los candidatos deben ser objetivas. Se debe quitar a las universidades de la elección y contratar a tres empresas de recursos humanos, empresas de prestigio, con muchos años de experiencia, para que califiquen objetivamente (con criterios objetivos) a cada candidato. Se calificará con un pasa o no pasa. Quienes califiquen podrán participar luego en un sorteo para ser electos. Así se escogería la fiscal y los magistrados de ambas cortes. De esta manera se elimina bastante la politización. Y si se logra que duren mucho más tiempo, esta elección de largo plazo permitirá que el sistema de justicia sea menos politizado. Se tendría un sistema menos politizado, justicia a secas, imparcial, pronta, eficiente, como debe ser, y no uno sesgado a conveniencia de los políticos de turno.