La presentación del actual gobierno generó comentarios diversos. Somos una sociedad muy crítica, pero poco autocrítica; vemos la paja en el ojo ajeno y obviamos la viga en el propio. Si el designado estuvo en tal o cual organización u ocupó un cargo en lugar que no gusta, sencillamente se le censura o cancela, en lugar de ver si la persona da los resultados esperados. Falta inteligencia emocional, empatía, comprensión, algo de piedad y mucho de razón, y olvidamos que lo bueno es enemigo de lo perfecto.

En el gabinete anunciado hay técnicos de demostrada capacidad, y especialmente ninguno de reprochable actitud, lo que es un mérito en este país. Habría que ver la lista de quienes no han aceptado cargos para entender la dificultad de formar gobierno en un partido sin cuadros y que llega al poder con altísimas dosis de casualidad.

El nuevo gobierno no podrá, evidentemente, arreglarlo todo. Así que debe definir sus prioridades en objetivos medibles al final de su gestión, y tener como lema ese de: “quien mucho abarca, poco aprieta”. Hay espacios para comenzar a trabajar, y otros que es mejor que sigan la dinámica que llevan. Es preciso enfocarse en infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, fundamental para atraer inversiones, promover desarrollo y contentar a la población que padece las consecuencias de los desfalcos históricos de esa cartera. Dignificar los centros educativos públicos y dotarlos de presupuesto para mantenimiento, además de delegar en las asociaciones de padres el control de asuntos como la alimentación, la limpieza, el adecentamiento e incluso el visto bueno de los maestros que en cada uno impartan sus clases. Es momento de quitarle el poder al depredador y mafioso sindicato mayoritario magisterial. En salud hay que hacer cuatro cosas, y no da tiempo a mucho más: eliminar la desnutrición, cambiar radicalmente la forma y las personas del registro y autorización de medicamentos para evitar las mafias existentes, abrir el mercado de proveeduría, y liberalizarlo, consolidar el sistema hospitalario existente y crear centros de atención primaria. El servicio civil debe contemplar un nivel directivo, otro ejecutivo y un tercero operativo, e incluir en ellos a todos los funcionarios de gobierno, de forma que tengan un salario según el que ocupen y las correspondientes gratificaciones en función de responsabilidad, especialización, dedicación y otros aspectos. Esos niveles deben sujetarse a una oposición de todos —incluidos lo ya nombrados— que deben superar para permanecer, y siempre a los de nuevo ingreso. El total del salario de cada uno contribuirá al IGSS, único seguro que deben tener los funcionarios —ninguno privado contratado con fondos públicos— y el Estado cotizar por ello como empleador. ¡Se acabaron las plazas y los bonos fantasma y los chantajes sindicales!

Hay que entrarle con determinación al reglamento del Convenio 169, a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, a la de Compras y Contrataciones, a la reforma judicial, y ampliar la base tributaria. Toda ayuda del Estado: beca, subvención, préstamo, etc., debe solicitarse con el número del NIT, y quien no lo tenga, que lo saque. Además, hay que promulgar una ley de administración pública donde el silencio administrativo sea positivo —no negativo— y el funcionario, responsable de sus decisiones, con sanciones frente a la omisión, la lentitud o la arbitrariedad.

Lo demás puede esperar, aunque se puede pensar cómo abordarlo en la medida que se soluciona lo urgente. Dignificar mínimamente el país es lo más importante, especialmente después de ver el nivel de tropicalismo barroco protagonizado el domingo por el “Honorable Congreso”. Vivimos en un circo y no vemos la carpa, los payasos ni muchos leones.