Los diputados no tienen restricciones para aprobar gastos. De esta cuenta, cualquier proyecto desfinanciado que venga por parte del Gobierno será aprobado con mínimas modificaciones endeudando cada día más al país. Esto traerá desastrosas consecuencias económicas a corto, mediano y largo plazo. En corto plazo, las calificadoras de riesgo nos están indicando que la tendencia es a degradarnos. En mediano plazo, el agujero fiscal se volverá más grande, y en largo plazo, tendremos que pagar esa deuda con más impuestos e inflación (cuando la deuda es emitida por el Banco Central).

¿Cómo podemos ponerle algún límite a la deuda? Con una constitución fiscal. Muchos creen que cambiando a los diputados y poniendo mejores personas se resuelve el problema. Lo mismo piensan de nuestros gobernantes. Pero esa no es la solución. Hemos tenido gente buena en todos los gobiernos y no han podido hacer nada para frenar los desmedidos gastos y déficit fiscales. Todos los que llegan al gobierno, sin excepción, actúan racionalmente buscando sus intereses personales. En unos casos buscan quedar bien con sus votantes. En otros enriquecerse. Esto no es ideológico sino falta de ética. Aunque llegaran ángeles al Congreso, votarían por más gasto pensando que esa es la solución adecuada a reducir la pobreza. Tendrían buenas intenciones, pero no solo no solucionarían la pobreza del país, sino que lo pondrían en una situación de riesgo económico y financiero por aprobar gastos sin límite.

Sería visto con buenos ojos que se aprobaran artículos a nivel constitucional en el que se le pusiera un techo a la deuda. Ese techo sólo se podría modificar con mayoría de 2/3 de los diputados, no con mayoría simple. Estos artículos podrían ser así:

Primero: La deuda pública del país no debe sobrepasar el 25% del PIB ni estar por encima del 200% de los ingresos fiscales.

Segundo: El déficit fiscal no debe sobrepasar jamás el 2.0% del PIB.

Tercero: La deuda pública sólo se aprobará para inversiones productivas demostradas con estudios de costo-beneficio.

Cuarto: Si durante el ejercicio fiscal hay disminución de ingresos tributarios, se debe reducir en la misma proporción el gasto del gobierno.

Además, el gobierno debe pagar la deuda por pérdidas operacionales del Banco de Guatemala cada año sin excepción y debe pagar o negociar la deuda que debe al IGSS.

En el año 2013, una propuesta parecida fue sugerida por el entonces presidente del Banco de Guatemala, Edgar Barquín. Lástima que no prosperó. Pero nunca es tarde para hacer las cosas que sean correctas para el país.

En la actualidad estamos muy por encima de los límites propuestos en este artículo. La deuda anda ya por el 33% del PIB y alrededor del 350% de los ingresos fiscales. El déficit se disparó este año y cerraremos arriba del 2%, posiblemente cerca del 4 o 5% del PIB. Sea como sea, estamos en una situación delicada financieramente.

Hay quienes piensan que la deuda del 25% sobre el PIB es muy baja y no representa ningún peligro. Pero como me explicó un amigo, imaginemos lo que hacen lo bancos cuando prestan dinero a las personas. Hay quienes tienen mayor soporte para poder pagar sus deudas porque tienen mayores ingresos y una buena cantidad de activos (podríamos ver el caso de USA). Se pueden endeudar bastante porque al final tienen esa mayor capacidad de pago. Y a otros no se les puede prestar tanto porque no tienen esa capacidad de pago ni los activos suficientes para soportar ciertas deudas (el caso de Guatemala).

Limitar la deuda es urgente y sano. ¿Lo haremos?