Mañana asumirán su curul 160 diputados que representan a 19 diferentes partidos políticos. Los jefes de bloque, algunos que lograron su reelección, otros que ya habían militado en diferentes partidos y algunos que llegan por primera vez al Congreso, deberán empezar a ponerse de acuerdo junto a la Junta Directiva y priorizar una agenda de trabajo para las primeras sesiones del año.

Las prioridades políticas de un Congreso con tantos diputados nuevos debe reflejar las necesidades de un país que requiere de marcos jurídicos más claros y transparentes que garanticen, no solo un mayor fortalecimiento institucional, sino recuperar la inversión social en capital humano y generar las condiciones necesarias para mejorar el clima de negocios y con ello aumentar la inversión para contar con más empleos y oportunidades en el país.

Veamos los datos: según el índice de estado de Derecho que publica la organización World Justice Project, Guatemala está en la posición 96 de 126 países; en el índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, estamos en la posición 126 de 189 países; en el índice de Facilidad para hacer Negocios del Banco Mundial Guatemala se encuentra en la posición 96 de 190 países y en el índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial nos ubicamos en la posición 98 de 141 países.

Con ello vemos que en cuatro de los indicadores más importantes que evalúan temas relacionados a estado de derecho, desarrollo humano y clima de negocios, estamos en los percentiles 23.8 en cuanto a estado de derecho, 33 en el de desarrollo humano, 49 en el de facilidad para hacer negocios y en el percentil 30 en competitividad.

Estas son las evaluaciones que los diputados del Congreso de la República deberán analizar para priorizar una agenda legislativa que nos permita aumentar la credibilidad en los partidos políticos y en el sistema democrático, con la aprobación de una iniciativa de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que no solo acerque al ciudadano a sus representantes, sino que le de mayor representatividad a los partidos políticos y que se fortalezca el Tribunal Supremo Electoral.

También se requiere reformar la Ley de Servicio Civil, que permitiría elevar la meritocracia en el servicio público, generando esquemas claros de perfiles de puestos para cada uno de los ministerios del país y fortalecer la capacidad de los servicios públicos, para contar con personas de mayor capacidad en la administración pública.

Se requiere además un compromiso político para fiscalizar la ejecución de los fondos públicos, especialmente en educación, salud, seguridad alimentaria y desarrollo social, para aumentar la inversión en las áreas rurales y que con ello se reduzca la desnutrición crónica y se fortalezca la salud y la calidad educativa, mejorando así la expectativa de vida y la escolaridad en el país.

Por último, está claro que, para garantizar un mejor clima de negocios y mayor competitividad, una de las grandes limitantes de nuestro país está en la infraestructura, especialmente en la pésima red vial que tiene nuestro país. Para mejorar la competitividad de nuestras exportaciones, está claro que necesitamos aumentar la velocidad de la carga y la movilidad en el interior del país. Por ello, se vuelve prioritario que se genere un consenso claro para aprobar la Ley General de Infraestructura Vial.

Solo con prioridades definidas, nuestro país puede generar un marco regulatorio que, con una visión de Estado, le permita a Guatemala salir adelante y desarrollar acciones estratégicas hacia un mejor futuro.