El proyecto “ley de libertad de religión” impulsado por el partido oficial, de nuevo comprueba la incapacidad e ignorancia de la abrumadora mayoría de los funcionarios gubernativos actuales. No tiene sentido porque en Guatemala hay libertad de cultos, concepto incluyente a todas las religiones, vigente desde la Revolución Liberal de 1871, como complemento del concepto de estado laico, ajeno a la religión –no contrario, ni enemigo— como parte del gobierno de un Estado. Por ello debe pensarse con desconfianza sobre las causas ocultas de ese nuevo aparato legal, tan innecesario como sugerir una ley para declarar guatemaltecos a los nacidos fuera de la capital. Ya lo son.

Se deben buscar las causas reales. Este intento oficialista obliga a pensar por qué se excluye en las instituciones religiosas la fiscalización o averiguación del origen de los fondos de los donantes (subrayado nuestro). La exención de impuestos también ya existe; es otra albarda sobre aparejo. En un apretadísimo resumen, las iglesias se dividen en: católica, de enorme valor histórico y cultural; evangélicas o protestantes clásicas, con centenas de años de historia y con normas teológicas para ser pastor, y las neopentecostales, originadas hace unos sesenta años, muy relacionadas con las autoridades políticas y basadas en el concepto de Teología de la Prosperidad, o sea del lujo sin límite.

El caso más notorio en Guatemala, pero no único, es el controversial Cash Luna, con sus megatemplos y su delirante insistencia en diezmos. Liberarlo, por ley, de explicar el origen de las donaciones constituye un evidente riesgo de lavado de dinero. Ninguna denominación religiosa puede o debe aceptar dinero no transparente, sin explicación adicional de cómo se financian las enormes propiedades, carros de lujo, viajes de placer, aviones y helicópteros. Lo propuesto en esa ley no resiste la más mínima lógica, mancha a las iglesias evangélicas clásicas multicentenarias, y por esa razón solo queda esperar una orden de Giammattei para el retiro de esa nueva fuente de división entre los guatemaltecos.

AstraZeneca y Moderna

El viernes pasado por la mañana se terminaron las dosis de AstraZeneca, y 303 mil personas ya vacunadas quedaron en espera de la segunda dosis. Ese mismo día, sin aspavientos, Estados Unidos anunció la pronta donación de tres millones de dosis de Moderna, mientras las atrasadas Sputnik V, urgidas de almacenamiento gélido, muy pagadas sin garantías de entrega, aún no han llegado en su totalidad. Por suerte ese día fui de los últimos en recibir la AstraZeneca. Según el gobierno, seguirá aplicándose hoy, 19 de julio, pero eso está por verse. Ojalá se cumpla, para beneficio de quienes están en riesgo de haberse aplicado inútilmente la primera dosis, hace doce semanas.
En Francia y otros países ha habido manifestaciones contra las limitaciones de horarios, y en un número no determinado de casos, en protesta por la vacunación obligatoria, porque va en contra de la libertad individual. A mi juicio, esta libertad así entendida implica el derecho a contagiar a otras personas, además de ser una egoísta negación de la realidad y un individualismo exacerbado. En Guatemala, algunas aglomeraciones se deben a indicaciones de líderes religiosos no católicos, a lo cual se unen motivos culturales ancestrales. Algunos grupos simplemente no quieren creer. Pero hay un hecho innegable: estar en el último lugar de vacunación ya está comenzando a tener consecuencias.