La negociación -no iniciada oficialmente pero con claras posibilidades de estar en proceso- entre el Estado de Guatemala y una empresa de capitalistas rusos radicada en Suiza fue conocida por los guatemaltecos gracias a un trabajo periodístico de Claudia Méndez Arriaza. Es tema de interés nacional porque pretende permitirle extraer de un área de Izabal, cercana a Río Dulce, medio millón de toneladas de minerales cada año durante 30 años, y arrendar por ese mismo período en el Puerto Santo Tomás un terreno de 150 mil metros, unas 22 manzanas, por el cual ofrece pagar US$1,300 diarios -US$15 millones en los 30 años, equivalentes a 0.8 centavos diarios por metro-. Aun sin hacer análisis profundos, los números son demasiado modestos, por decirlo con suma suavidad.

La empresa oferente es International Metal Supply Holding, S.A., de Lugano, Suiza, cuya directora, Marina Pozzi-Pedulla, dirigió una carta de intención a Aura Verónica Cabrera Figueroa, gerente general de Empornac (Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla). Los socios, todos multimillonarios, llegaron en abril a Guatemala en tres jets ejecutivos de costo también millonario, y se ha informado de su visita a la residencia de Alejandro Giammattei, lo cual se suma al poco informado viaje a Moscú del ministro de Economía, Antonio Malouf. En vista de la opacidad generalizada de las acciones gubernativas, y como consecuencia de la inaceptable negociación de las vacunas Sputnik, resulta natural la suspicacia acerca de este nuevo negocio.

Medio millón de toneladas anuales equivale a transportar 1,370 toneladas diarias, lo cual si fuera por tierra necesitaría 151 tráilers, pero como debe llevarse por agua el asunto se complica, porque la eslora de las embarcaciones estará limitada por la curva más pronunciada de Río Dulce, y esto implica el empleo de un número no determinado de embarcaciones, cuya circulación lo convertirá en un río industrial como los de Europa, en un área nacional cuyo más lógico y beneficioso destino a largo plazo es el turismo. En Santo Tomás las instalaciones de 150 mil metros cuadrados para todos los procesos previos al embarque definitivo trasatlántico implica asestar un cambio radical al ambiente del lugar. La actividad turística, empresarial o artesanal, sin duda alguna, se afectará.

A causa de todo lo relacionado con las negociaciones y condiciones del trato Giammattei-Sputnik se ven con negatividad los nuevos acuerdos con empresarios rusos, y eso les debe ser fácil de comprender a ellos. Los funcionarios del gobierno son o deberían ser los más interesados en negociar a las claras, con pleno conocimiento público. Los guatemaltecos tenemos total derecho moral, y también legal, de conocer las condiciones del mercado de los minerales enterrados en Izabal, su precio, las regalías para el Estado y las condiciones de esas negociaciones en otros países. Son factores tan fundamentales como el número de empleos posibles, los impuestos para el erario y el historial de quienes mandan en las empresas internacionales. Es elemental, realmente.

Este asunto le llega al gobierno en el momento más abismal de su aceptación poblacional. Es un acusado urgido de probar su inocencia. Como ya ha sido comprobado, las condiciones pactadas y contratadas deben cumplirse aunque sean evidentemente lesivas. El grave riesgo para el presente y el futuro de los guatemaltecos lo constituye una actitud de inmoralidad total de las autoridades al saberse ya condenadas por todo y por todos. Otros especialistas en diversas disciplinas tienen ahora la tarea de explicar a los ciudadanos otras consecuencias contra una zona del país ya suficientemente afectada por decisiones cuyos beneficiarios son un puñado de individuos sin conciencia, no los guatemaltecos.