De lo que aflora en las redes sociales, en comentarios, en documentos y videos que se comparten, percibo que entre un sector de la sociedad, más bien conservador, hay una visión de la vida pública del país que puede expresarse más o menos en los términos siguientes: “antes de la Cicig las cosas no eran perfectas, pero estaban en calma y en nuestras manos; la Cicig creó una disrupción negativa y produjo una polarización en la sociedad guatemalteca; habiéndose terminado el mandato de la Cicig, las cosas volverán a la calma y las posiciones encontradas irán negociándose, llegando a compromisos, a posiciones intermedias. Bienvenida sea la normalidad”.

Por “conservador” me refiero a quien abraza con firmeza la convicción de que el gobierno se instituye para proteger la propiedad privada y la libertad de comercio e industria en el mercado doméstico —con lugar para ciertos privilegios y para cierto proteccionismo del lado del mercado internacional—, para imponer la paz y el orden y para brindar seguridad y justicia. Ah, y se opone a todo lo que tenga olor a marxismo, a izquierdismo explícito o disfrazado.

Si no me equivoco sobre esa “visión conservadora”, creo entonces que los que así miran las cosas se equivocan rotunda y lamentablemente. Para empezar, antes de la Cicig la agonía de las instituciones medulares del Estado ya había comenzado. Muchos elementos del Poder Judicial ya habían perdido casi totalmente su independencia —prodigando impunidad al mejor postor—, la mayor parte de los partidos políticos se habían enfocado en conseguir fondos de cualquier fuente para ganar las elecciones a cualquier costo y, entre el Poder Legislativo, los consejos de desarrollo urbano y rural y el Ejecutivo ya se repartían el Presupuesto del Estado —el famoso listado geográfico de obras, las plazas fantasmas y las asesorías— y se negociaban las autorizaciones de grandes proyectos, concesiones o usufructos a cambio de módicas comisiones. Ah, y el crimen organizado operaba sin mayores cortapisas, expandiendo sus tentáculos sin mayor dificultad.

Con el advenimiento de la Cicig se suscitaron, en efecto, varias disrupciones. Durante la primera parte de la vida de la Comisión, más en el plano político, pero durante la tercera parte y final, más en el plano de la corrupción y la impunidad y con una propuesta de reforma del sistema de justicia. No pocos se consideraron “injustamente” perseguidos porque, como la historia es así de irónica, consideraban —y siguen pensando— que no habían hecho nada que “no hicieran todos siempre”.

Pero en lo que más se equivocan, creo yo, es en la idea de que las cosas hayan vuelto a “la normalidad”. No es normal que en un Estado el proceso político funcione, básicamente, para gestionar una intermediación entre demandantes y oferentes de bienes públicos, ventajas y privilegios estatales. Tampoco es sostenible. La agonía de las instituciones —que por un breve período de tiempo se detuvo— puede dar paso a su colapso, con consecuencias gravísimas para toda la sociedad.

Por eso las reformas del sistema de justicia, de los partidos políticos y del servicio civil son ahora más urgentes que nunca. Algunas de ellas pueden hacerse a nivel legislativo, pero otras requieren de reformas a la Constitución. Todo ello presenta riesgos, por supuesto. Conseguirlo implica lograr consensos entre sectores que no se tienen confianza recíproca y cuya visión ideológica del mundo es diferente. Y, sin embargo, es indispensable intentarlo porque la alternativa es volver a la agonía, a ese proceso de descomposición que se nutre a sí mismo y avanza cada vez a mayor velocidad.