Guatemala está mal. El gobierno destruyó, con sus equivocadas medidas, una gran cantidad de capital, generando pobreza y desempleo. No fue la pandemia, fue el gobierno con sus obligadas restricciones e injustificadas prohibiciones. Así de claro, no nos engañemos. Afectó terriblemente los derechos individuales y la libertad de los guatemaltecos, así como sus posibilidades de generar riqueza. Ha incrementado la deuda y provocado que nos enfrentemos a otra época de inflación debido al préstamo otorgado en condiciones extraordinarias por el Banco De Guatemala.

Basta ver el titular de Prensa Libre del lunes pasado: “IGSS perdió 41 mil afiliados por pandemia”. Esto a finales de diciembre, lo que significó una pérdida del 3% de afiliados en ese año. En un país donde los empleos formales (medidos por las personas que son afiliadas al IGSS) son apenas el 20% de la población económicamente activa, una pérdida, por más pequeña que sea, significa un retroceso enorme. Los sectores que más sufrieron fueron los turísticos, transporte, restaurantes, ciertos servicios en comercios y educación en general. Aún hoy existen restricciones fuertes en el sector turístico, bares y restaurantes. Restricciones que no los dejan operar al cien por cierto, por lo que no llegan a sus puntos de equilibrio.

Es obvio que esta gente que dejó de estar en el sector formal pasa a ser parte del informal, pero también se perdieron puestos de trabajo y riqueza en el sector informal. Las medidas del gobierno afectaron a todos. La destrucción de pequeños capitales o incluso grandes en otros casos ha sido devastadora. Dicen que mal de muchos, consuelo de tontos. Es lo que está pasando cuando el gobierno y algunos analistas económicos destacan “lo bueno que fue nuestro gobierno” por haber sido de los que menor pérdida económica tuvo durante la pandemia, en comparación con el resto del mundo. Esto es absurdo y ofensivo. El daño hecho por el gobierno es real en pérdida de empleos, desnutrición, destrucción de capital, de riqueza y la creación de una futura inflación.

Hace poco volví a leer un libro maravilloso (su última edición ya revisada y actualizada): Riqueza y Pobreza, de George Gilder, quien destaca lo que es en inglés se llama Moral Hazard (peligro moral). Lo traigo a colación porque el gobierno paralizó el sector productivo del país, el privado, el que genera riqueza, y abusó de préstamos tanto externos como internos, y, peor aún, del mismo Banco de Guatemala. Todo para que el sector público, que consume la riqueza, pudiera expandirse. Lo peor fue que destruyó riqueza y luego redistribuyó parte de la que habían recolectado o lo que consiguieron de deuda para repartir en algunos grupos de personas. Estas ayudas sociales crean un peligro moral, por su dependencia empobrecedora y corrupción.

Gilder atinadamente explica que la riqueza no consiste en la capacidad adquisitiva de un país, sino en la de invertir y producir bienes de consumo en el futuro. Los empresarios son esenciales en este proceso de creación de riqueza, gracias a su iniciativa, creatividad y trabajo. Si en nuestro país tenemos un gobierno que exige permisos o licencias, que tardan una eternidad, para cualquier emprendimiento o actividad. No digamos nuestras cortes, que luego de que por fin tienen todos tus permisos en orden y has invertido tu capital, te dicen que ya no, que debes detener tu operación (caso de mineras e hidroeléctricas). Así, olvidémonos de generar riqueza porque ningún capital va a querer venir para quedarse.

El gobierno debe reducir su injerencia en la vida privada de los ciudadanos, que se haga más pequeño, que no prohíba la creación de riqueza y certeza jurídica a los inversionistas. Necesitamos una reactivación económica sin precedentes y, la verdad, con este gobierno no la veo venir.