Hace una semana, 43 abogados firmaron una solicitud al presidente Jimmy Morales para pedirle respetuosamente vetar y enviar de nuevo al Congreso de la República el decreto 10-2019, el cual introduce una serie de reformas al Código Procesal Penal, porque “es contrario a los intereses de la nación”, “desvirtúa la justicia premial”, “pone en riesgo la correcta aplicación de la justicia” y tiene varios artículos “que notoriamente adolecen de vicios de inconstitucionalidad”. Además, “no se ajusta a los estándares internacionales de la materia de desjudialización”. Es un documento valioso, por comprobar la percepción de muchos ciudadanos acerca de una actitud solo explicable por mala fe de los diputados actuales, pero su comprensión se dificulta para el ciudadano común.

Es necesario entonces recurrir al significado legal de algunos términos, y para ello es útil acudir al Diccionario Panhispánico Jurídico, publicado en el 2017, en cuya preparación participaron numerosas docenas de abogados de todos los países de habla hispana, dirigidos por Santiago Muñoz, abogado y académico de la lengua, desde hace algunos meses presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, máxima autoridad del español en el mundo, y director de la Real Academia de la Lengua. El primero es “desjudicialización”; es decir, “llevar a la vía judicial un asunto que podría conducirse por otra vía, generalmente política. Y politizar significa “dar orientación o contenido político a acciones, pensamientos, etc, que, corrientemente, no lo tienen”.

Otro concepto necesitado de aclaración es “justicia premial”, pero quienes deben hacerlo son los firmantes del documento, porque no aparece en el diccionario jurídico mencionado antes. Sin embargo, empleando un poco de lógica, creo válido considerarla como aquella justicia otorgadora de premios para quienes de alguna manera la ayudan, o facilitan el logro de castigos para quienes han logrado escabullirse. Estos premios constituyen entonces recompensas, es decir premios por un servicio, se entiende a permitir esa efectividad de la justicia. Dicho esto, es necesario agregar un hecho: el documento está escrito en terminología legal, cuya comprensión requiere conocimientos legales, y ello deja fuera al grueso de la población, necesitada de términos comprensibles.

Un documento como el ahora comentado, si bien es correcto enviarlo al presidente, en realidad su destinataria es la ciudadanía. Y por eso seguramente lo mejor es traducirlo –por decirlo así— a palabras, como dije, comprensibles. Allí radica la dificultad principal para los redactores y firmantes. Este tipo de trabajo requiere de la no común capacidad para expresión escrita, y requiera también de entender la dificultad tan grande de escribir con lenguaje fácil. Pese a ello, es un documento exitoso en el sentido de permitirle al ciudadano común y corriente intuir, correctamente, la justificadísima oposición de estos abogados, seguramente compartida con sus colegas libres de ataduras, a causa de no tener relaciones directas o indirectas con la burocracia de alto nivel.

La petición hoy comentada no tiene posibilidades de llegar a nada porque Jimmy Morales no tiene ningún motivo para dejar de contribuir a un bodrio (cosa mal hecha) por el cual saldrá beneficiado, de lo cual cabe poca duda, y menos cuando apenas quedan 43 días para su ingreso por la puerta trasera a la historia guatemalteca. De los firmantes, conozco personalmente a 16, y entre ellos se encuentran quienes tienen historial profesional aceptable, así como una hoja de servicio para el país. El reto de abolir esa ley, abiertamente dirigida a la protección de políticos, le toca ahora al gobierno y congreso próximos, por lo cual se convierte en la primera prueba de fuego para el nuevo régimen, necesitado de demostrar de manera fehaciente no ser lo mismo con otros nombres.