Este 2022 es el verdadero año preelectoral, porque en estos 365 días hay tiempo suficiente para realizar acciones legales en instituciones fundamentales, algunas ya cooptadas y otras a punto de caer en malas manos, y así asegurar la impunidad urgente y necesaria para los funcionarios públicos del actual Gobierno. La sombrilla necesaria es el derecho de antejuicio, y al tomar esto en cuenta comienzan a tener sentido las decisiones tomadas por entidades jurídico-políticas ya puestas al servicio del oficialismo, lo cual en estos momentos significa obedecer las órdenes emanadas de Alejandro Giammattei. Habrá elecciones o nominaciones en el Organismo Judicial, el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

El MP no sorprendió a nadie con su decisión de quitarle responsabilidad legal a Sandra Torres por el financiamiento ilícito recibido en la elección del 2015, y ahora su partido, la UNE, se encuentra a punto de ser borrado del mapa político del país. Los demás “partidos” ven esta cancelación como una esperanza para quedarse con el voto duro uneísta, y por pura ironía sangrienta del destino, conviene a los diputados fieles al partido porque así no serán afectados por la ley contra el transfuguismo por la cual lucharon. Si no lo cierran, ellos no podrán pasarse ni fundar otro partido. A Giammattei le conviene la supervivencia de la UNE, porque entonces podrá presionar para lograr en el Congreso los votos necesarios a fin de asegurar sus indispensables cuatro años de impunidad.

El TSE informó hace pocos días haber iniciado los trámites de cancelación, pero yo no me he enterado cuándo decidió, conforme indica la ley electoral, la cancelación temporal para permitirle arreglar sus graves problemas. Lo mismo ocurrió con el partido Prosperidad Ciudadana. La entidad rectora electoral debe explicarlo y esto no tiene relación alguna con aceptación o rechazo de las figuras partidistas, sino con sus derechos legales. De ser declarada ilegal la cancelación de la UNE, se comprobará de nuevo la idea de tener como contendientes electorales a Sandra Torres y Zury Ríos, con el anhelo de hacerla receptora del voto en contra de la persistente y abrasiva monarca absoluta de ese partido. El plan está siendo realizado a paso lento y al frente de una ciudadanía cada vez más asqueada.

El Congreso afianza su papel fundamental. Por el pleno pasan estos nombramientos y elecciones y ello explica la llegada a presidirlo de Shirley Rivera, incondicional giammatteísta y de capacidad profesional muy relativa. En el MP es fundamental nombrar a un émulo de Consuelo Porras, quien podría ser reelecta, aunque no tenga ninguna base legal. En la PDH se necesita tener a alguien con una mascarilla negra sobre los ojos para no ver ninguna violación de estos. La CC y la CSJ ya está tomada y en el Organismo Judicial es evidente la inclinación al giammatteísmo. Falta apoderarse del Inacif, cuya importancia radica en certificar todo tipo de muertes y también investigar el posible ingreso de sustancias relacionadas con drogas, tarea poco conocida por los ciudadanos.

Según la lógica de Giammattei, a mi criterio, a toda costa debe ser protegido su muy cercano amigo Miguel. Su súbita capacidad económica le permite comprar un “partido”, presidir su comité ejecutivo, encabezar la lista de diputados y llegar al Congreso, para así tener derecho de antejuicio, lo cual podría ser posible con algún tipo de maniobra. Estas líneas solo desean presentar cómo se encuentra el panorama político, tomando en cuenta que el día del comienzo de la campaña electoral en realidad será el último del nada conspicuo —ilustre, sobresaliente— Ejecutivo. Su principal preocupación es negociar antes de convertirse en el “lame duck” —en español, incapacitado—: funcionario sin influencia, por estar cerca su reemplazo.