Antes de que termine el año, solemos hacer un repaso de lo vivido. Hemos tenido varios avances en los últimos años, pero nuestro futuro es incierto.

A pesar de que durante el primer semestre de este año se realizaron grandes esfuerzos, en los últimos meses éstos se han desvanecido por distintas acciones del Gobierno. Entre las actividades más positivas se encuentra la Reunión del Grupo Consultivo, realizada en febrero.

En ella, los miembros del Gobierno, juntamente con algunos representantes de la sociedad civil, del sector privado y de la comunidad internacional, acordaron impulsar una agenda mínima.

El Gobierno se comprometió a presentar un cronograma de implementación y a iniciar acciones para los próximos 12 meses.

La agenda contiene los siguientes nueve compromisos: acelerar la implementación de los acuerdos de paz, garantizar asignaciones presupuestarias adecuadas, continuar avanzando en el incremento de los ingresos fiscales, abrir un proceso de consulta sobre la estrategia de reducción de la pobreza, aprobar la reforma integral del sector financiero, acabar con la impunidad, mejorar la seguridad ciudadana y garantizar el respeto a los derechos humanos, reactivar el crecimiento económico, aumentar la transparencia y promover el diálogo y la unidad nacional.

Atendiendo a este llamado, a principios de abril el Gobierno presentó una matriz de seguimiento a los compromisos identificados.

Sin embargo, muchas de las propuestas no necesariamente pueden considerarse como prioritarias.

Es posible que, al evaluar el desempeño del Gobierno, en algunos campos, el balance sea positivo, sin embargo están pendientes por realizar los cambios estructurales necesarios para lograr el cumplimiento de los acuerdos de paz y sentar las bases necesarias para lograr el crecimiento económico, el desarrollo social y la consolidación democrática.

De hecho, la Unión Europea y Estados Unidos han hecho señalamientos bastante fuertes respecto a la falta de compromiso del Gobierno en implementar los acuerdos de paz, combatir la corrupción, atacar el contrabando y tráfico de drogas e investigar las intimidaciones contra activistas de derechos humanos.

Cada cuatro años, los guatemaltecos nos vemos encerrados en un círculo vicioso, vinculado al período político.

Desde el año 86, los distintos gobiernos han iniciado su mandato estabilizando la economía, y luego, el último año, han terminado gastando más allá de lo debido, heredando así el problema al gobierno siguiente.

Partiendo de la experiencia de años anteriores y dentro del marco de los acuerdos de paz, se recomienda para el próximo año ante todo prudencia, con el fin de que no se pierda la confianza.

Específicamente, debiera trabajarse en las siguientes acciones: mantener la estabilidad macroeconómica, siendo conservadores con el gasto público y logrando un déficit fiscal menor al 2%; definir los criterios técnicos para asignar los recursos públicos; seguir con una SAT imparcial, que mejore la administración, y no tomar medidas poco profesionales como el terrorismo fiscal; poner en marcha la estrategia de combate de la extrema pobreza; ser consistentes con las políticas del sector financiero; generar una política de seguridad ciudadana; discutir una política de comercio exterior a largo plazo; tratar de forma inmediata el tema del narcotráfico; lograr medidas efectivas para combatir la corrupción; y garantizar unas elecciones limpias.