En un capítulo más de los dramáticos acontecimientos derivados de la larga crisis política que encara el Gobierno, como parte de las acciones que integran el proceso para retirarle el derecho de antejuicio al presidente Otto Pérez Molina, el Congreso hizo el sorteo para integrar la Comisión Pesquisidora, que no tiene un límite legal de tiempo para presentar su informe.

El azar dictaminó que la Comisión quedara integrada por tres representantes del Partido Líder, uno del Patriota y otro de Compromiso, Renovación y Orden, lo que abre la puerta a varios análisis y dudas respecto de cómo actuará y cuándo presentará el reporte para que entonces los diputados decidan, con el voto favorable de dos terceras partes, si procede que el mandatario vaya a los tribunales a responder sobre las acusaciones de las que es objeto.

Una primera lectura indica que los diputados lideristas están en una posición envidiable, porque con la mayoría de los votos que representan pueden en muy poco tiempo llenar la condición de presentar el mencionado informe y dejar que el Congreso tenga la decisión final. Pero un análisis distinto lleva a otra conclusión: la alianza parlamentaria entre el partido oficialista y el que responde a Manuel Baldizón puede convertirse en un búmeran político: si ejerce esa mayoría, termina la alianza, y si no lo hace, será criticado por los sectores que lo apoyan. No le será posible explicar por qué no causaron daño político a su adversario.

Otra fuente de problemas a los lideristas lo constituye que la presidencia de la Comisión recayó en Baudilio Hichos, diputado descalificado, acostumbrado a proferir insultos y amenazas y a emplear malas artes políticas. Seguramente por ello, a los pocos minutos de que la Pesquisidora quedara integrada, el presidenciable liderista se apresuró a decir por un medio informativo afín que no se cumplirán los deseos de quienes pretendan causar problemas al sistema político. El mandatario, por su parte, afirmó al mismo medio que Baldizón es un líder responsable.

La presión popular se ha centrado ahora en el Congreso, a causa de esa falta de precisión para establecer un cronograma para continuar con los requerimientos del proceso. Con seguridad, los manifestantes que asistan hoy al frente del Palacio Nacional exigirán la reducción del tiempo, porque en muchos sectores comienza a cuajar la idea de que cualquier atraso puede tener como objetivo retardar la fecha que el parlamento tiene para entregar resultados, una demora que puede repercutir en otras tareas también pendientes.

El mensaje que deben comprender los diputados es simple: están obligados a reducir al mínimo posible el tiempo de la presentación del informe para que el Congreso actúe. Evidentemente, deben esperar reacciones adversas de distintos sectores, sea cual sea la decisión. Esto es uno de los problemas de la ausencia de credibilidad de las instituciones político-jurídicas del país, a causa de tantos años de decisiones cuestionables. Mientras todo eso ocurre, el calendario avanza y hace que las elecciones generales se encuentren a solo 95 días de distancia.