La celeridad con que se está desarrollando la lucha por integrar la nueva junta directiva del Congreso de la República se ha convertido en un motivo de curiosidad y también de suspicacia entre los guatemaltecos interesados en conocer y comprender los entretelones de la actividad interna de un organismo que, como consecuencia de la disminución de la importancia percibida por la población respecto del Ejecutivo, ha ocupado en estos momentos el centro de mucha de la atención pública.

La nueva junta directiva debe comenzar sus funciones el 14 de enero del 2017, y no hay fecha límite legal para su integración, lo cual significa que esta podría ser realizada incluso un día antes de esa fecha. Entonces, las recientes y numerosas escaramuzas políticas al respecto de este tema obligan a pensar en la existencia de otro tipo de razones que no son conocidas por la población e incluso por un buen número de los propios diputados.

Cuando se hace un análisis un poco más profundo, emergen intereses de grupos, más que de la población. Resulta imprescindible para los políticos que desean mantener granjerías de toda clase la negociación del listado geográfico de obras, lo cual se convirtió desde hace años en un botín apetecido porque implica obra gris, cuya calidad cada vez es menor porque, en gran porcentaje, es ejecutada por empresas constructoras relacionadas directamente con diputados, ministros y alcaldes de la totalidad de los municipios.

Hay una fecha importante: el 30 de noviembre, cuando vence el plazo legal para dejar aprobado el presupuesto nacional del 2017, lo cual implica que el partido que controle la Comisión de Finanzas del Congreso puede negociar, presionar y /o coaccionar al Ejecutivo vía el ministro de Finanzas. En teoría, esto debe ser una garantía para el balance de poderes, pero resulta imposible, dadas las anormales circunstancias políticas del país.

Este año, esa comisión es presidida por el diputado uneísta Jairo Flores, célebre por haber manejado a discreción cinco mil millones de quetzales en Fonapaz, durante los cuatro años del gobierno de Álvaro Colom y de Sandra Torres. Es motivo de otro editorial señalar por qué a pesar de todo este dinero, el informe del índice de desarrollo humano del PNUD señala el aumento de la pobreza en los departamentos de Sololá, Totonicapán y El Progreso, donde se implementaron programas como el denominado “prochisototo”, de supuesto beneficio social y que luego fueron señalados de clientelismo y corrupción.

La elección de la junta directiva del Congreso debe ser el resultado de que los diputados tengan claro que deben responder a los intereses nacionales, no a los personales, ideológicos, partidistas, politiqueros, empresariales, oenegeros o de cualquier otra clase, porque simple y sencillamente las cosas han cambiado y la ciudadanía exige tener información fidedigna de los entretelones. Cada vez son más claras las motivaciones económicas de la lucha por recibir el dinero que acompaña a los puestos directivos. Ello contribuye a afianzar la desconfianza nacional, manifestada también a causa de la insistencia foránea en las aprobaciones de reformas constitucionales.