El Congreso dio ayer un nuevo golpe de timón en la búsqueda de una reinvención, con la aprobación de una serie de reformas que se proponen normar la conducta de los diputados y su proceder en salas de trabajo, así como enmiendas que podrían repercutir en un cambio de fondo de ese organismo.

Una de las más importantes modificaciones es la que apunta a castigar internamente el transfuguismo, pues los diputados que incurran en esa práctica, si ejercen algún cargo en la Directiva, lo perderían de inmediato, pues los puestos serán para la agrupación política y no para inescrupulosos que buscan conseguir cierta jerarquía para luego usarla como moneda de cambio.

La función de un diputado es representar a la población y buscar la mejor defensa de los intereses de la comunidad nacional, que paga sus salarios y facilidades, pero desafortunadamente, hasta ahora, muchos congresistas únicamente se han dedicado a lucrar y a generarse beneficios personales, sin guardar ninguna fidelidad ideológica, partidaria y, a veces, ni siquiera ética.

Baste como ejemplo recordar a representantes que aún no han asumido una curul y ya están en busca de otro bloque al cual vender su voto.

De hecho, muchos legisladores han pasado toda su vida política cambiando de agrupación, y todo por el deshonesto afán de reelegirse constantemente con cada partido que tiene las posibilidades de ganar, a fin de mantener los privilegios, en un círculo vicioso que por fin podría romperse.

Otra acción que puede contribuir a redireccionar y hacer más eficiente la labor del Congreso es que el trabajo que realice cualquier comisión quede debidamente documentado en grabaciones o transcripciones que permitan conocer la profundidad o calidad con la que los involucrados se desempeñan, ya que muchos diputados cobran su estipendio sin presentar ni una sola iniciativa de ley.

Hasta ahora esa ha sido una tarea efectuada casi a escondidas, pues los responsables de su conducción se reúnen en hoteles, salones alquilados o restaurantes, para simular trabajo, mientras el flujo de recursos sale de las cajas chicas, las que, por cierto, también deberían formar parte de las regulaciones, para evitar gastos que a veces llegan a ser una verdadera burla a la angustiante situación económica del Estado.

Quizá la apuesta más osada que surgió ayer del Congreso es que se modifica también lo relativo a citas e interpelaciones, con una modificación al Código Procesal Penal, en el que será estipulada una pena de prisión para aquellos ministros o funcionarios que se resistan a acudir a una citación de los diputados. Quedan incluidos todos aquellos que reciban recursos públicos, lo cual es congruente con la tarea de fiscalización del Legislativo.

No obstante, es conveniente que también quede clara la necesidad de que las citaciones sean debidamente fundamentadas, pues de lo contrario se volvería a caer en el viejo mecanismo de chantaje para presionar a funcionarios del Ejecutivo que se resistan a propuestas indecentes de diputados, como aquellos que pedían plazas o dinero para proyectos, a cambio de cesar el acoso.