CADA VEZ ES MÁS evidente el interés de la comunidad internacional, representada por los embajadores y por representantes de organismos europeos, en dejar clara la preocupación motivada por los sucesos políticos ocurridos cada día, literalmente, a consecuencia de la labor realizada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. A esto se une el ambiente nacional en favor de la aplicación de las leyes para golpear a la corruptocracia, lo cual se manifiesta en las declaraciones de entidades locales integradas para ayudar a afianzar la revolución pacífica e indudable iniciada con la presencia de miles de ciudadanos en una docena de concentraciones sabatinas frente al Palacio Nacional y el Congreso.

SI BIEN AMBOS TIpos de grupos coinciden en la más urgente de las reformas, es decir aquellas relacionadas con la Ley Electoral y de Partidos Políticos, hay una diferencia, una divergencia de criterio en un aspecto crucial: cuándo deben entrar en vigor esas reformas, cuya aprobación se ha convertido en la causa de la actual presión recibida por el Congreso de la República. Los representantes del exterior abrazan la idea de aprobarlas, pero dejarlas engavetadas para ser cumplidas hasta el siguiente proceso electoral, es decir dentro de cuatro años. Por su parte muchos guatemaltecos, entre los cuales me incluyo, consideran esa posición como una tácita, casi inocente, ayuda a impedir los cambios derivados del hartazgo por los abusos de los políticos.

HAY UN PUNTO EN EL cual se diferencian las peticiones de esa comunidad internacional y los grupos guatemaltecos. Según la Unión Europea, se necesita coraje para aprobar las reformas a las cuatro leyes en discusión actualmente en el Congreso. Se debe recordar el factor tiempo: todas las reformas son importantes, pero la referente a las elecciones es urgente, urgentísima. Los comicios generales de este año, si se enmarcan dentro de las normas legales cuya burla y desobediencia durante muchos años han provocado la agitación política actual, simplemente darán paso a un régimen peor. Esto se deduce porque el empeoramiento de los abusos y de las acciones incorrectas e ilegales ha sido constante desde el inicio de la etapa de democracia electoral. No hay razón para pensar en un gobierno sin lacras mayores.

LA LUCHA A FAVOR DE los cambios a la Ley Electoral pasa por enfrentarse de manera directa a los diputados actuales. Es imposible lograrlos si no aumenta la presión a los parlamentarios. La Plataforma Nacional, por ejemplo, pidió ayer una sesión urgente del Congreso para tratar “como punto único de agenda y con carácter de urgencia nacional” y para “las elecciones de este año” la iniciativa de reformas presentada por el Tribunal Supremo Electoral. El Grupo de los Cuatro (Usac, PDH, iglesias Católica y Evangélica) pide lo mismo y habla de “una crisis integral de legitimidad, la más grave en tres décadas”, preocupado porque los líderes políticos siguen sin ver o aparentan no ver la naturaleza y profundidad de la crisis.

A MI CRITERIO, SÍ ES POsible hacer los cambios aunque el proceso ya haya comenzado. Es cuestión de voluntad política, y de saber escuchar el clamor ciudadano. La reelección en política, aunque teóricamente se puede justificar, en el caso de Guatemala la realidad obliga a eliminarla o reducirla a una sola. El transfuguismo debe ser castigado, por mencionar dos ejemplos. Estas reformas ayudarán a la gobernabilidad del país durante el período 2016-2020. La explicación es sencilla: los guatemaltecos ejercerán como nunca su derecho a la fiscalización, a la expresión de su rechazo a los abusos. Si ese gobierno es el producto de repetir las normas de la ley actual, el resultado es fácilmente predecible: gobernar en la cuerda floja, todos los días.