Aunque la posición de muchos en torno a la pena de muerte sigue estando en el centro de una interminable polémica, lo cotidiano de la vida en Guatemala alimenta la discusión sobre si se debe aplicar o no este recurso como una de las medidas para enfrentar la violencia interminable en Guatemala.

Hace unos días fue planteada la posibilidad de que se reactive la máxima pena, con el argumento de que la sociedad debe reaccionar ante la creciente cantidad de víctimas del sicariato en el país, que ha llegado a 23 mil casos en los últimos años y que mantiene en un estado de zozobra constante a la población.

Las noticias de las últimas horas abonan el sentimiento público sobre esta medida. La ira colectiva crece ante informaciones sobre criminales como la banda de secuestradores los Topos, grupo delincuencial que encerró a sus víctimas bajo tierra, causando así la muerte de por lo menos dos adolescentes. También han sido apresadas personas que se dedican a asesinar a conductores de buses, lo que ocurre prácticamente a diario desde hace varios años y que motivó la creación de una asociación de viudas y huérfanos.

Otro caso que alteró el usualmente agitado mundillo informativo del país fue la detención de un sujeto que simulaba ser mujer para atraer a adolescentes desde las redes sociales y luego secuestrarlos y violarlos. No debe extrañar que todo esto despierte la indignación de los ciudadanos, con el agregado de que en muchos hechos, por razones de tecnicismos legales, no se puede castigar a los responsables como debiera ser.

Esto refleja un nivel de descomposición social que desde hace años se viene degenerando, y al hacerlo, evidencia el fracaso de los esfuerzos gubernamentales por contener la criminalidad en todas sus variables. De hecho, la cantidad de personas que han muerto a manos de pandilleros y que luego han aparecido desmembradas exacerba todavía más ese repudio e ira social que poco a poco es más difícil de manejar.

Por eso es que el tema de la pena de muerte es inconcluso y permanente. Esta violencia sigue manteniéndolo vivo y hace pensar en que antes de los compromisos que el país contraiga con la comunidad internacional está el derecho a la vida de las víctimas de horribles crímenes.

La pena de muerte es polémica. Quienes la rechazan señalan que no es disuasivo para impedir la criminalidad, que ha existido desde siempre y ven que el fin de esa medida es apartar en forma definitiva de la sociedad a criminales que ya sobrepasaron toda posibilidad de reinserción. Esta discusión es toral y sin duda levantará olas respecto de lo que se debe hacer en el futuro.

El precio de la paz social es alto. Esta se encuentra tambaleante porque la ciudadanía honrada cae en manos de delincuentes cada vez con menos escrúpulos. Ante esta realidad, un tema como la pena capital para determinados casos, de características muy específicas, debe ser encarado en forma multidisciplinaria, pero sobre todo tomando en cuenta la realidad del país y la urgencia de castigar a quien asesina por encargo o por placer.