En medio de la incertidumbre política en que vivimos, con cada día que pasa nos queda más claro cuánto daño nos hace la corrupción que se instaló en casi todas las instituciones nacionales y en los centros de poder político. Admitamos que la población misma llegó a aceptar la corrupción como si fuera inevitable. Tal vez por haber permanecido indiferentes ante los desmanes de funcionarios públicos y sus socios, es que hoy estamos totalmente desbordados por ese vicio. Los ejemplos de cómo esa corrupción nos afecta en todo sentido abundan, pero quiero referirme a lo que sucede en la arena ambiental, porque la pérdida de nuestros bienes naturales es una de las tragedias más terribles, y tendrá efectos irreversibles a largo plazo.

Guatemala siempre fue un país desigual e injusto, pero las bondades de la naturaleza le dieron condiciones de vida muy aceptables a todos sus habitantes, fueran estos ricos o pobres. Una biodiversidad exuberante, suelos fértiles, agua en abundancia y un clima inigualable, fueron características de nuestro país hasta mediados del siglo pasado. Desgraciadamente, con el aumento de la población, pero —y sobre todo— con la aparición de las industrias extractivas modernas, fue llegando también la muerte para muchas de las especies nativas que se eliminaron con la deforestación; se fue perdiendo la fertilidad de los suelos por la aplicación masiva de agrotóxicos; se fue contaminando gradualmente casi toda el agua de nuestros ríos y lagos; y la alteración climática planetaria se traduce localmente en niveles de vulnerabilidad cada vez más altos y antes desconocidos en Guatemala. Estas nuevas condiciones (no tan) naturales afectan negativamente a toda la población, pero muy críticamente a los guatemaltecos más empobrecidos. Y marcarán el futuro de toda Guatemala.

Quiero creer que la mayoría de la población guatemalteca tiene claro a estas alturas que la extracción de metales produce dinero para los que están en “el negocio”; y destrucción ambiental, contaminación, corrupción y violencia para el resto de la población. Pero hay otras actividades que también destruyen biodiversidad, contaminan y aumentan los niveles de violencia y corrupción. El reciente ecocidio —como está siendo llamado localmente— en Sayajché es un ejemplo perfecto. Hace varias semanas se reportó una escandalosa e inusual mortandad de peces en el río La Pasión. En esa región, la gente le echa la culpa a una empresa de palma africana; pero todos tienen miedo de hablar…

El Ministerio de Ambiente (MARN) declaró Alerta Amarilla para la región y recomendó que la gente no tome agua del río. Según un comunicado que circuló el miércoles, el MARN sabe que “alguien” echó malation al río desde el 3 de junio, por lo que puso una denuncia penal ante el MP. El nuevo ministro de Ambiente, ingeniero Óscar Medinilla, empezó con buen pie su gestión. Con la señora del pepe —que salió por corrupción— esto no hubiera pasado. Estaremos pendientes de cómo se desarrolla el caso, que el MARN calificó como “el más grave problema ambiental de su tipo en territorio nacional del cual se tenga memoria”.