El ejercicio del periodismo ha sido un enorme riesgo en Latinoamérica y en países como Guatemala, donde prevalece una débil institucionalidad y los desbordes de inseguridad son alarmantes, lo cual acarrea mayores peligros para quienes se desempeñan en los medios de comunicación, sobre todo en los departamentos.

En un recorrido histórico sobre crímenes contra periodistas, diversas instancias consultadas reportan que en las últimas tres décadas Guatemala ha estado presente en esa oleada, al punto de que nuestro país tiene la quinta posición entre las naciones donde más comunicadores mueren de manera violenta, solo superado por los casos registrados en Colombia, México, Brasil y Honduras.

Aunque las muertes de periodistas constituyen el lado más oscuro de la democracia, también existen otros mecanismos, igualmente repudiables, para amedrentar a la Prensa. Esto se da con mayor frecuencia contra quienes ejercen esa tarea en la provincia, donde las autoridades locales y estructuras criminales buscan acallar cualquier publicación que los señale o simplemente les moleste.

Por esa razón, en los departamentos se considera que es donde mayores riesgos corren los comunicadores sociales, al estar más expuestos a políticos locales que fácilmente pueden intimidarlos, al punto de que existe mucha información que se procesa desde las redacciones centrales, a fin de evitar que esas personas queden expuestas a represalias de gobernadores, alcaldes o diputados regionales.

Aunque tampoco es el único mecanismo de intimidación, como se constata con un reciente exabrupto del presidente Jimmy Morales, quien durante una conferencia de prensa alzó la voz para declarar que durante su gobierno se había acabado la “fafa” —sobornos a periodistas— y que si esa era la molestia de la prensa, pues pedía perdón.

Como ocurre con muchos temas que aborda el mandatario en improvisadas conferencias de prensa, una vez más pareció estar mal informado, porque podría solicitar un detalle de cómo y a quiénes han contratado los últimos gobernantes los espacios publicitarios para determinar qué sectores han sido los más beneficiados con ese pago de favores a cambio de versiones laudatorias.

Pero lo que no se puede tolerar es el uso de esos argumentos para pretender hacer ver la labor de los medios independientes como una crítica o fiscalización malintencionada, cuando la realidad de las falencias gubernativas es evidente y eso no puede remediarlo ningún medio de comunicación, sobre todo cuando la información y opiniones fluyen ampliamente en redes sociales.

Este último argumento, que es mal visto por periodistas, entidades de prensa y ciudadanos convencidos de la necesidad de mantenerla independiente, desde el momento en que se pretende hacer ver el manejo de la publicidad oficial como un premio o un castigo ha hecho incluso que la Sociedad Interamericana de Prensa se pronuncie contra esas políticas que sí pervierten la libertad de expresión y se erigen como una amenazante manipulación para acallar o favorecer determinadas informaciones y comentarios.