Lo perverso es que todos los partidos, tanto el oficial como los demás que están representados en el Congreso de la República, manejan políticamente las finanzas del país, y la factura de esas tensiones y juegos políticos las paga toda la ciudadanía guatemalteca. Así como los partidos de oposición quisieron ponérsela más difícil al partido que hace gobierno, éste exagera la crisis diciendo que no les alcanza ni para la gasolina. En el interregno entre los unos y los otros, la corrupción sigue y para esos gastos subterráneos nunca falta dinero.

Entonces, es cierto que hay una crisis en las finanzas del Estado, pero no es para nada una crisis sorpresiva. Expertos en el tema han venido hablando al respecto hace tiempo y los políticos han seguido jugando con nuestro dinero durante ese tiempo. Pero el origen de esta crisis es totalmente artificial, muy distinta a la del 2009, por ejemplo. Y es que todo deriva de una mentira inicial: se mintió en el presupuesto de ingresos, por lo tanto se presupuestaron rubros demasiado altos basándose en un dinero que no se tenía. El resultado fueron cuantiosos montos de gasto sin financiamiento. Nadie que sepa sumar y restar hace su presupuesto de gasto con base en un dinero que no tiene seguro.

El gran responsable entre tantos, es el Congreso de la República. Eso quiere decir, toda la clase política del país que está actualmente en la jugada. Fue allí donde no se aprobó el presupuesto 2014, limitando la movilidad del partido en el poder, para nada inocente tampoco en su intención de usar fondos que le dieran rédito político. Con ello, no sólo se ha conseguido moverle el piso al partido oficial, sino resquebrajar el andamiaje financiero del Estado en un tema que, de cara a las elecciones es fundamental para el voto ciudadano. Por ello, vuelvo una y otra vez a la necesidad de reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos como punta de lanza para reformar el Estado.

El partido oficial ya sabía a inicios de este año que la crisis se avecinaba. Y en lugar de buscar más acuerdos políticos con el Congreso, se pusieron a jugar con el tema de los bonos, desafiando con ello al Legislativo. Y la jugada no les ha salido muy bien. Legalmente, no se puede colocar deuda si el Congreso no aprueba el presupuesto, y esto está regulado en la Constitución. Así funciona idealmente un sistema republicano democrático de pesos y contrapesos de poderes.

Ahora parece que van quedando dos escenarios: 1.) Que el gobierno recorte gastos y no ejecute una diversidad de acciones presupuestadas; y 2.) Que se pague la deuda flotante local con el presupuesto del próximo año fiscal en enero 2015. ¿Pero qué pasaría si el Congreso no aprueba el presupuesto 2015? Tendrían que volver a usar el presupuesto 2014, que a su vez es el mismo del 2013. Está complicado. Por un lado sabemos que se ofreció el oro y el moro sin haber tenido la seguridad de contar con los fondos para ello; y por el otro, sabemos que los bonos podrían ir automáticamente para financiar gastos de campaña sin necesidad de contar con la autorización del Congreso de la República. Aprobar los bonos y aprobar el presupuesto 2015 representaría una victoria política para el partido oficial que ningún otro partido político parece estar dispuesto a conceder.

Lo que queda claro entre todo este enredo, es que la clase política se pasa obstaculizando el desarrollo de la gente de todo un país en su afán de seguir representando esta farsa política clientelar y mercantilista.

cescobarsarti@gmail.com