El jueves pasado, una turba tomó por asalto la planta e instalaciones de Naturaceites, en El Estor, Izabal, y durante cuatro días mantuvo a 21 empleados como rehenes. Un video tomado por una cámara de seguridad muestra cómo algunos “empleados descontentos” y “líderes comunitarios” encapuchados amenazan con machetes y hacen disparos. Todos quedaremos muy sorprendidos si se les sigue proceso a estos bochincheros, por secuestro y destrucción de propiedad. Total, es “la comunidad en resistencia” y tienen sus derechos humanos.

El pasado lunes, Prensa Libre publicó un reportaje sobre la persistencia del robo de energía eléctrica, que se ha extendido de San Marcos a Huehuetenango, Sololá, Baja Verapaz y Alta Verapaz. No se trata de uno que otro vecino que roba luz, son operaciones a gran escala, dirigidas por organizaciones como Codeca, que roban la energía y la venden “barata”, ya que robada no tiene costo. Estos robos organizados representan millones de quetzales, embolsados por organizaciones delictivas que se autodenominan “campesinas”. Los ladrones argumentan que la distribución de energía eléctrica solo beneficia a transnacionales, lo cual, presumiblemente, excusa el robo.

Tuve acceso a un escrito enviado por representantes del Cocode de Candelaria, Xolhuitz, Nuevo San Carlos, Retalhuleu, dirigido al propietario de la finca La Aurora Xolhuitz. En esta misiva, los firmantes y vecinos “invitan” al propietario de la finca a una mesa de diálogo urgente en las instalaciones de Gobernación Departamental, Retalhuleu. El asunto a tratar: “1. Que el propietario de la finca se comprometa a reparar la carretera asfaltada…; 2. Suministrar gratuitamente el servicio de energía eléctrica para cada una de las comunidades; 3. Financiar un proyecto de agua potable para cada una de las comunidades; 4. Financiar por tiempo indefinido el salario de personal médico para que las comunidades tengan asistencia las 24 horas, y 5. Construir una escuela en cada una de las comunidades. Todo eso a cambio de que las comunidades le permitan al propietario de la finca circular cualquier tipo de vehículo en la carretera…”. Manifiestan que los propietarios de la finca están construyendo una hidroeléctrica, sus vehículos han deteriorado el camino y esto justifica sus peticiones. Continúa la misiva diciendo que “En caso de no acudir a dicha reunión todas las comunidades estarán tomando las medidas que corresponden para hacer valer sus peticiones”. ¿Cómo así, las “medidas que corresponden”? Por supuesto, también están invitados a la reunión la alcaldesa municipal, el gobernador departamental, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el comisario de la PNC y los medios de prensa. Si estas organizaciones participan, no serán más que cómplices del “diálogo”.

¿La falta o delito del extorsionado? Producir. ¿Las medidas que corresponden? Bloqueos, invasión, toma de rehenes, destrucción de maquinaria y equipo. Cualquier intento de detenerlos como corresponde en ley será tildado de represión, violación del derecho de manifestación y persecución contra los campesinos. Si alguien es detenido será pintado como un preso político y fluirá más plata y apoyo de los donantes escandinavos a la comunidad en resistencia “pacífica”. Surgirán los mediadores y organizadores comunitarios profesionales, ofreciendo sus servicios para dialogar y resolver el conflicto. La solución consistirá nada más en bajar el precio de la extorsión. La ley y el orden brillarán por su ausencia.

Estos casos no son excepciones, constituyen la regla; se extiende la cultura de la extorsión.

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