El país se me asemeja cada vez más a un barco que se desliza sobre aguas turbulentas, con los motores dañados y el capitán agobiado porque no anticipó debidamente la fuerza de los vientos ni la intensidad del oleaje que debía superar para llevar el barco a puerto. Mientras tanto, seguimos de golpe en golpe, sin que haya muestras claras de que el barco toma rumbo. Los acontecimientos recientes solo parecen indicar que lejos de amainar, la tormenta puede que empeore durante los próximos meses.

En este contexto, el Gobierno de Guatemala tiene un conjunto de retos que debe enfrentar. El primer frente, a mi juicio, sigue siendo el fiscal-presupuestario. Si bien las acciones de la SAT han permitido superar en muy buena medida los déficits de recaudación que se arrastraban desde el gobierno anterior, la derrota política sufrida por el Gobierno con la propuesta de alza tributaria presentada intempestivamente por el Minfin, lo dejó en una posición todavía más débil para anticipar éxito en cualquier nueva propuesta de alza tributaria que pudieran presentar el año entrante. Esperemos que haya llegado el mensaje de que la ruta a nuevos tributos debería pasar por acelerar mejoras profundas y perceptibles en la transparencia y calidad del gasto público. Para ello se requiere bastante más que hacer pública la información y fomentar la participación en el diálogo sobre presupuesto.

Por ello, la primera prioridad para el resto del año debería ser la revisión y enmienda de la Ley de Compras y Contrataciones que fuera aprobada a finales del año pasado, y dejar enmendado todavía este año su reglamento. La ley aprobada el año pasado, en el afán de promover la transparencia, terminó convirtiéndose en un espantoso cuello de botella para la ejecución del presupuesto actual, sin lograr necesariamente el cometido de tener más transparencia en las compras. Falencias de la ley, sumadas al tiempo que tomó desarrollar los instrumentos para implementarla, chocaron con la realidad de los procesos de compra de algunos sectores. Como resultado, este año las compras directas se convirtieron en el principal mecanismo para gastar, que era precisamente lo que se quería evitar.

Supuestamente la Comisión de Finanzas del Congreso está trabajando en una serie de reformas a esta ley. Desconozco lo que están proponiendo, pero si esta situación no se resuelve antes de fin de año, se estará enfrentando este mismo problema en el 2017. Se viene, además, la discusión y aprobación del presupuesto 2017. Lo ideal sería que ambas iniciativas fueran aprobadas simultáneamente para que este foco de tensión se relaje, al menos temporalmente.

El otro frente es el de seguridad ciudadana. Debemos defender los avances sostenidos en la reducción de la tasa de homicidios que viene de hace algunos años. Estos se ven constantemente amenazados por brotes de violencia homicida, como el que recién vimos con el asesinato de la comunicadora del hospital San Juan de Dios y las amenazas que sufren quienes laboran en dicho hospital. En este marco, la reforma penitenciaria asoma como paso ineludible donde esta administración puede todavía aspirar a dejar un cimiento sustantivo los próximos años.

De aquí a fin de año está más que obligado a desplegar un cambio inmediato en cómo se da atención médica a los reos, que asegure la integridad física y emocional del personal del sistema público de salud y los usuarios del sistema público de salud. Hay ya varias propuestas al respecto, como utilizar el Centro Médico Militar y reactivar las clínicas de los centros penitenciarios. No creo que este año alcance para mucho más.