Qué tan difícil puede ser construir consensos ante problemas estructurales como la pobreza, la desnutrición, desempleo y corrupción, entre otros, la construcción de una agenda nacional, que atienda con eficiencia y eficacia la administración de la cuestión pública, garantizar la transparencia de la administración de recursos públicos.

El fenómeno del nepotismo entre otros, ha debilitado aún más a las instituciones, al sistema democrático, si bien es cierto que el objetivo de un partido político es alcanzar las estructuras del poder político del Estado con el propósito de ocupar cargos públicos producto de elección o designación; es lamentable que persistan preferencias de algunos funcionarios públicos o gobernantes para otorgar empleos públicos a familiares sin tomar en cuenta la competencia, capacidad, el perfil para ocupar puestos laborales, antecedentes en administraciones anteriores.

Se reproduce un sistema de corrupción difícil de desmantelar, no sólo porque el poder político en Guatemala se caracteriza por ser débil ante la injerencia de factores de poder, porque falta la vigencia de un Estado de Derecho y no existe garantía para los ciudadanos de instancias que fiscalicen y transparenten la administración de los recursos públicos.

De allí la importancia de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos en Guatemala, para fortalecer a los partidos políticos y cumplir con la función de intermediación, de representación. Para administrar la cuestión pública se requiere no solo de recursos, sino de voluntad política para generar desarrollo social, evitando el tráfico de influencias.

Cada cuatro años se visualiza el desmantelamiento de cuadros profesionales y técnicos, sin importar que es personal calificado y que el Estado ha invertido en capacitación de su recurso humano, lo cual implica un costo social alto.