A consecuencia del poco interés, generalmente hablando, de los guatemaltecos al respecto de cuanto acontece en el campo político en el resto de países centroamericanos, es poca la cobertura mediática nacional sobre ese tema, aunque también existe una evidente reciprocidad de ellos. La actual tendencia política de los gobiernos de EL Salvador y Nicaragua es tema de poco interés, y el nombre del  presidente salvadoreño no es conocido, así como el de Rosario Murillo, Vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega Saavedra, cuyas acciones en todos los campos políticos comprueban tanto su nula vocación democrática con una actitud dinástica cada vez más cercana a la de Somoza, luego de llegar controversialmente a la presidencia y consolidar su poder como lo hizo Chávez en Venezuela.

Ortega es ahora un politiquero cualquiera, totalitario, por lo cual  desde el 2007 han desaparecido los derechos políticos, al cambiar los términos del tiempo de la presidencia,  participar a pesar de la ilegalidad de su candidatura, instar el fraude electoral, actuar sin transparencia, reelegirse, limitar el derecho al voto, a la libertad de expresión y de prensa, promover la dominancia de un solo partido, impedir la presencia de observadores, periodistas fotógrafos y camarógrafos. En suma, a convertirse en uno más de los dictadores latinoamericanos causantes de tantas tragedias en la historia del continente. Como resultado, en julio pasado varios congresistas estadounidenses comenzaron una campaña para crear una ley llamada “Nica Act”.

Esta ley prohíbe, todo préstamo o utilización de fondos para beneficio del gobierno de Nicaragua, con excepción de apuntalar necesidades humanas básicas y las necesidades para promover la democracia, a menos “que tome pasos efectivos para elecciones libres, justas y transparentes analizadas por observadores extranjeros, promueva la democracia y un sistema judicial independiente, refuerce el estado de Derecho, y respete el derecho de asociación y expresión.
Incluye fondos provenientes del FMI, el BIRF, y otras muchas entidades internacionales similares. Interesado en el tema, la semana pasada converse con el querido amigo nicaragüense americano, Roberto J. Argüello, destacado líder histórico anti-sandinista del exilio nicaragüense en Estados Unidos y empresario exitoso.

Me sorprendió escuchar su fuerte oposición al Nica Act. Razones. Una prohibición total de los préstamos necesarios para la construcción de obras de infraestructura tendrá como resultado nefasto para la economía de Nicaragua y el Gobierno de Ortega y Murillo no sería afectado en nada. Según Arguello el Nica Act afectará gravemente a la ya tan empobrecida población nicaragüense. A mi juicio, un efecto colateral será mantener a Nicaragua como uno de los países, junto con Cuba y con Bolivia, a los cuales el dictador venezolano Nicolás Maduro les debe, junto con la inexplicable ausencia de Estados Unidos y el voto de algunos minúsculos estados caribeños, haberse escapado de la condena de la Organización de Estados Americanos.

La discusión sobre este tema debe incluir  la relación entre el respecto a la ley y las instituciones políticas como un factor cuya ausencia obligue moralmente a no hacer inversiones para obtener beneficios económicos con dictaduras. La Nica Act, dice Argüello, empobrecerá a los nicaragüenses y por eso lucha en enmendarla quitando todo aquello causante de daño al pueblo de Nicaragua. Otro efecto de no hacerlo será una emigración similar  a la de los ochentas, cuando el 20% de los nicaragüenses huyeron de las  barbaries del sandinismo. Las fuertes inversiones guatemaltecas con Ortega serán impactadas. Las inversiones extranjeras privadas a las dictaduras, las afianzan, pienso yo. Y en Centroamérica, hacer eso provocará daño colateral a la región.