Quienes votaron en la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2015, por cualquiera de los candidatos que concursaron, deben darse cuenta de que con su personal criterio expresaron con democrática soberanía su simpatía por la persona que representaba o coincidía con su manera individual de ser y de pensar sobre quién debía ser el próximo presidente de Guatemala. Nadie cerró los ojos para marcar la papeleta y quienes la anularon mostraron también —con los ojos abiertos— su criterio y opinión respecto de los aspirantes.

El análisis de tal situación nos mueve a recordarle a los lectores que no mostraron interés por la persona que ganó, que ello nos les quita el derecho de mostrar opinión de aprobación o desaprobación por las decisiones que finalmente el elegido para presidente pueda tomar. Pero quienes no votaron se negaron a sí mismos el derecho de opinar, derecho que la libertad de expresión democrática les concedía. O sea que decidieron ser ciudadanos de segunda categoría; esta calificación no implica sino decisión propia. Los seres humanos poseemos ciertos derechos inalienables, o sea derechos que nadie puede quitarnos ni otorgarnos. Incluyen el derecho de cada individuo de dar alas a su mente y a su alma para que sigan caminos de su propia elección, libres de temor o coerción para elegir, y con la única limitación de no interferir en los derechos de los demás. El apóstol indígena mexicano, Benito Juárez, lo expresó así: “El respeto al derecho ajeno, es la paz”. La mayoría de nosotros coincide en declarar que en una democracia la voluntad popular debería ser transformada sin tergiversaciones en acción gubernamental. O, lo que es lo mismo, un gobierno democrático debería hacer todo aquello que el pueblo le pidiera y no debería hacer nada que estuviera contra la voluntad popular. Los marxistas, según sus propias palabras, aparentemente ven a la democracia como la realización de todo aquello que es bueno para el pueblo, y creen que un grupo selecto, el partido comunista, está mejor capacitado que el pueblo mismo para decidir lo que es bueno para este. Es decir que ellos parecen creer que la democracia es gobierno “para” el pueblo. En cambio, nuestro concepto de democracia es que el pueblo es el que debe decidir por sí mismo lo que es bueno para el pueblo, y que la democracia es indefectiblemente gobierno por el pueblo.

Por lo menos en un sentido se pone de acuerdo la gente, y es que el gobierno de la mayoría constituye una característica esencial de la democracia. Los líderes de opinión que hacen objeciones al gobierno “ilimitado” de las mayorías no creen, por supuesto, que deba defenderse el mandato de las minorías como más democrático. Su posición es más bien la siguiente: ninguna institución de gobierno puede tener poder para despojar de ciertos derechos a las minorías. Es, por lo tanto, una idea acerca de la imprescindible limitación de los poderes gubernamentales en una democracia; no es, ni quiero serlo, una declaración sobre el modo en que deben tomarse las decisiones de un gobierno democrático. La mayoría de nosotros está enteramente de acuerdo con la idea de que si en una democracia el gobierno tiene el poder legítimo y puede resolver un asunto específico, deberá hacer lo que la mayoría de los miembros de una comunidad quieren que haga.

*Politólogo