“A UNO LE PODRÁ GUSTAR o no la forma de un reportero o de un medio de comunicación, pero aquí lo que tenemos que entender todos los guatemaltecos es que los medios de comunicación son indispensables para la vida democrática del país. Así es que el mensaje que yo les mando a cualquier autoridad, si es que hubiera una autoridad local involucrada, es que deben ser respetuosos de la libertad de pensamiento, que deben ser respetuosos de las publicaciones que se hagan en los medios de comunicación y si alguien está actuando para tratar de acallar a un periodista, lo que deben hacer es enfrentarlos, es darles declaraciones, ponerles prueba y es darles argumentos suficientes si es que alguna publicación a ellos no les gustó”.

EL PÁRRAFO ANterior es una transcripción literal de las palabras del presidente Otto Pérez Molina, quien con tales conceptos manifiesta con plena claridad un cambio de su posición al respecto de las críticas y publicaciones de prensa. El mensaje está dirigido “a cualquier autoridad”, o sea él incluido, y marca una guía: ser respetuoso de la libertad de las publicaciones en los medios de comunicación. Por aparte, marca otra ruta: a los periodistas “hay que enfrentarlos, darles declaraciones”. Con estas palabras, el mandatario solo actúa en concierto con la Constitución de la República, marco específico para obligar a los funcionarios públicos de cualquier nivel a no poder proceder en ninguna forma ante las críticas hechas a su papel de tales.

A MI MODO DE VER LAS cosas, las palabras presidenciales constituyen una orden a aquellos funcionarios de su gobierno en este momento involucrados en alrededor de 138 (sí, 138) juicios en contra del diario elPeriódico y de su presidente, Jose Rubén Zamora. Los más notorios son aquellos abiertos por el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Juan de Dios de la Cruz Rodríguez, e incluso la vicepresidenta Roxana Baldetti. Es un paso presidencial muy adecuado, porque de alguna manera implica reconocer el error de haber escuchado los criterios de asesores jurídicos desconocedores hasta de lo más básico de la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento. Esa nueva orden presidencial debe ser ejecutada de inmediato.

CUANDO CAMBIAN LAS circunstancias, se alteran también muchas cosas. Hasta el martes y jueves de la semana pasada, cuando sicarios asesinaron a tres periodistas en Mazatenango, la posición de insistir en acciones absurdas e ilegales respecto a la crítica periodística a los funcionarios públicos, esa batalla parecía perdida, pero las acciones para impedir el libre ejercicio de la emisión del pensamiento eran un absurdo. Pero ahora hay un nuevo panorama: el rechazo social generalizado a los hechos contra los periodistas y el periodismo, así como las declaraciones críticas provenientes de diversas instituciones y gobiernos extranjeros. Continuar la posición oficial hubiera sido abrir una fuente adicional de críticas justificadas.

LO EXPRESADO POR EL mandatario guatemalteco resulta plausible porque implica la decisión de dar marcha atrás en un error mantenido por demasiado tiempo. No debe quedar duda alguna del acatamiento de las órdenes hoy comentadas, a causa de la directa relación personal entre el presidente con la persona a quien envió a mandar en el IGSS, cuya imagen histórica no es positiva. Y en el caso de la vicepresidenta, resulta clara la imposibilidad de evitar más críticas. Por supuesto, las declaraciones del presidente Pérez implican el cese de cualquier tipo de presión para el retiro de anuncios a ningún medio informativo, porque si estas se mantuvieran, no tendría sentido haberlas pronunciado. Como sea, es una acción positiva y, hasta ahora, plausible.