Una de esas primeras tareas recae en las cabezas del Ejecutivo, quienes deben asimilar  que han dejado de ser los grandes protagonistas de un partido político y en cambio deben pasar a ser dignos representantes de la unidad nacional. Una tarea que no parece fácil porque con demasiada frecuencia se observan escenas con tintes políticos y, sobre todo, con el claro propósito de beneficiar al delfín del Gobierno, y por ello es que tampoco resultan aisladas las escenas de clientelismo en cuanto acto oficial sea posible.

Pero no son solo los políticos quienes  incurren en esas irregularidades, pues a ellos se han sumado otras autoridades de instituciones llamadas a ser más autónomas, pero que tampoco ejercen plenamente esa independencia, como sucedió recientemente con el inspector general del Tribunal Supremo Electoral, quien  emitió un oficio en el que afirma que el virtual candidato del oficialismo no incurre en ningún tipo de campaña, como si todo el Gobierno no estuviera volcado de lleno en ese propósito.

Un desliz que hizo vislumbrar cierta fisura en las filas del máximo ente electoral, y por ello es que hace apenas unos días los magistrados titulares debieron volver a comparecer ante los medios para aclarar que la advertencia de no hacer ningún tipo de campaña es para todos, e hicieron énfasis en que eso abarca al Gobierno. Aquí se debe insistir en que cada quien debe hacer un esfuerzo desde su ámbito de acción para que no se continúe degradando el modelo y para no darle argumentos a los contrincantes para que busquen triquiñuelas para burlar la ley.

Alguien tiene que empezar a cambiar el estado de cosas, porque los eventos recientes  solo están acentuando la degradación del sistema, como ocurrió ya en su momento cuando magistrados inclinados a favorecer al extinto Frente Republicano Guatemalteco avalaron la participación  de su candidato en un evento electoral que  era improcedente. Lo mismo se intentó en el proceso anterior, cuando la exesposa del mandatario de turno pretendió incurrir en una burla a la ley, al  buscar la primera magistratura y fracasó en su intento.

Hoy, tanto el Gobierno como el candidato opositor están haciendo su propio aporte en pretender burlar la ley, y el TSE no ha dado muestras suficientes de que pueda frenar esos abusos, algo que sería lamentable porque la construcción de la democracia necesita mayores esfuerzos y gente con carácter y sólidos principios para poner un mínimo de congruencia. Eso es lo menos que se puede pedir mientras en el país se implementa una auténtica restructuración política que debe ir más allá de una simple reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.