LARGO TIEMPO esperamos los guatemaltecos para vislumbrar el funcionamiento real de la democracia y sus mecanismos de control. Tras la judicialización de dos casos de corrupción —el de la defraudación aduanera y el de la corrupción en el caso IGSS/Pisa— se ha visto la transformación de una sociedad con larga espera del cumplimiento de procesos legales ineludibles para el fortalecimiento del estado de Derecho y con ello, de la democracia. Esa espera fortaleció como pocas veces en la historia al verdadero poder ciudadano y consiguió primero la renuncia de la ahora exvicepresidenta Roxana Baldetti, la desintegración del gabinete y luego una serie de acciones legales impensables hasta hace pocas semanas.

EN SU MÁS reciente etapa, la presión política derivada de la acción social ha llevado a iniciar un proceso cuyo resultado puede ser, aunque no necesariamente, llevar al presidente Otto Pérez Molina ante el Congreso, cuyos miembros deben decidir por mayoría calificada si debe ser juzgado por los tribunales de justicia, para definir si tiene o no vinculación con los dos temas causantes de la apertura de esta inagotable caja de Pandora política. A los ciudadanos les queda algo claro: quieren justicia, resultados más allá de lo superficial. En suma, un primer paso para resolver los graves problemas estructurales del país. Esta sociedad reprueba un examen introspectivo real y silencioso sobre ética y valores, lo cual tiene una importancia de primer orden.

PARA BIEN DE LA sociedad, sus miembros ya comienzan a rechazar la permisividad ante hechos legalmente condenables a puntos extremos, para terminar con la tolerancia ante la corrupción, enquistada poco a poco y con alcances casi increíbles en la normativa social nacional. Por supuesto, la misma introspección individual, sin duda, provoca rechazo a tanta corrupción y tolerancia. Por eso las protestas son una muestra de la esperanza de los ciudadanos, aunque en la conducta cotidiana las acciones y reacciones sean diferentes y, por tanto, más permisivas. De alguna manera, esa contradicción encierra la esperanza del inicio y permanencia de cambios sociales, cuyo inicio en realidad fue inesperado y sorpresivo para guatemaltecos y extranjeros.

ESTAS REFLEXIONES salen a colación con motivo de dos decisiones. Una, de la Corte Suprema de Justicia, para iniciar el proceso para un posible y forzado retiro del presidente, luego de una larga serie de requisitos legales. Este proceso debe ventilarse con serenidad, agotando todos los tiempos legales requeridos, para evitar críticas posteriores a la decisión de los diputados. Lo mismo deberá ocurrir si el presidente es enjuiciado por un tribunal. El mismo rigor procesal ha de seguirse, y el fallo al final deberá ser respetado sin condicionamiento alguno. El hecho del proceso de antejuicio evidencia los serios problemas del país, porque jamás debieron ocurrir los hechos causantes de las graves e inesperadas denuncias en contra del mandatario.

DESDE OTRA perspectiva, este momento histórico desnudará el estado del mundo político guatemalteco. El posible retiro al presidente del derecho de antejuicio y convertirlo en sujeto procesal serviría de ejemplo para los políticos, pero no se debe pecar de optimismo, porque no se resuelve allí el problema de nuestra sociedad. Lejos de eso, la maltrecha institucionalidad guatemalteca entrará en un nuevo conflicto, pues —sin duda— los grupos de protesta pedirán la investigación de diputados y del poder judicial. Por es difícil identificar a los grandes ganadores de este momento crítico, porque es mucho pedir un cambio estructural en poco tiempo. Caerán las cúpulas de algunos sectores, mas las bases del problema social continuarán intactas.