El Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (Sigap) ocupa el 32% del territorio nacional. Es rico en biodiversidad, paisajes naturales y culturales, y eso convierte a Guatemala en uno de los 10 países más megadiversos en el mundo.

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) administra esas áreas con una asignación de unos Q102 millones al año, lo que equivale al 0.014% del Presupuesto General de la Nación. Es una suma ridícula, vergonzosa e insuficiente para detener la destrucción ambiental, los efectos del cambio climático y la pobreza en las comunidades situadas adentro y alrededor de aquellas.

Seis gobiernos han pasado, con su discurso lírico y romántico de que la conservación de los recursos naturales, la protección del ambiente y la biodiversidad eran prioridad. Los resultados fueron nefastos: más degradación ambiental y pérdida de biodiversidad. En el actual gobierno debemos asegurarnos de que la voluntad política se convierta en acciones concretas y de largo plazo. El Conap necesita Q300 millones en el 2017 para cumplir con la tarea difícil y noble de cuidar los últimos remanentes de bosque y biodiversidad que quedan en el país. El patrimonio natural está amenazado por el crimen organizado e industrias extractivas, en alianza con la pobreza, para degradarlas ambientalmente y convertirlas en desiertos.

El cambio climático está provocando daños irreversibles a la economía, salud, seguridad alimentaria y bienestar de la población. Existen infinidad de políticas, normas, lineamientos, estrategias, estudios y una combinación de buenas intenciones para atender los problemas más urgentes de las áreas protegidas que se resumen en ingobernabilidad e impunidad. La Reserva de Biosfera Maya, en Petén, y las áreas protegidas en la región de Izabal están actualmente a merced de saqueadores, contrabandistas y criminales. El Conap, sin recursos económicos, hace su mejor esfuerzo para enfrentar estas amenazas, pero la responsabilidad es todos, y en particular del Estado.

Aún estamos a tiempo de detener esa autodestrucción. El Ejecutivo y el Congreso de la República tienen en sus manos el futuro de las actuales y futuras generaciones. Necesitamos que el gobierno de Jimmy Morales refrende su compromiso con el pueblo de Guatemala y presupueste para el Conap esos Q300 millones. Que el Legislativo cumpla con aprobar la asignación presupuestaria y se asegure de que se utilice en forma eficiente. ¡Hablar es fácil, pero actuar requiere de un compromiso auténtico y genuino! Estamos haciendo las gestiones —y reiteramos la invitación a los presidentes del Ejecutivo y del Legislativo— para sentarnos y analizar esta propuesta de presupuesto para el Conap. Debemos pasar a la historia como ciudadanos dignos.

*Director ejecutivo de Asociación Balam