Ayer fue un día aciago para el gobierno de Otto Pérez Molina, quien debió enfrentar la dura realidad de la espiral de violencia en Guatemala. A dos horas de que una granada fuera lanzada contra un vehículo del Sistema Penitenciario que se encontraba frente al ingreso del Hospital General San Juan de Dios, en Mazatenango eran asesinados Danilo López, corresponsal de Prensa Libre, y Federico Salazar, colega de Radio Nuevo Mundo, y quedaba gravemente herido otro comunicador local, Marvin Túnchez, víctimas de un ataque perpetrado por un sicario en pleno día, en el parque central de esa localidad.

Estos dos hechos provocaron de inmediato el rechazo de instituciones nacionales e internacionales, así como críticas de ciudadanos comunes y corrientes en las redes sociales. En los últimos días está expuesta una campaña publicitaria en la que aparece un soldado afirmando que en Guatemala la seguridad se ha aumentado, pero hechos como estos afianzan la percepción y la imagen de violencia que los pobladores viven cotidianamente, a pesar de las afirmaciones gubernativas y especialmente de la propaganda presidencial.

La captura de un sospechoso, poco tiempo después del mortal atentado en Mazatenango, puede ser considerada, porque lo es, una acción exitosa de las autoridades policiales. Ahora el caso comenzará a transitar por el largo, sinuoso e inhóspito camino en el que está enrollado el Sistema Judicial, con el agregado de ser imposible predecir a dónde llegará.

Ciertamente, la lucha contra la delincuencia organizada ha tenido éxitos, pero se necesitan más, y que las informaciones divulgadas contengan hechos. En política, la percepción es aún más importante que la realidad. Los guatemaltecos, en general, tienen miedo de ser víctimas de delincuentes que, como en el caso de ayer, pueden ser menores de edad enrolados por voluntad o de manera forzada en organizaciones criminales conocidas como maras, que tienen en su seno a otros grupos menores denominados en el bajo mundo como clicas.

La violencia generalizada aumenta la preocupación de los ciudadanos cuando se relaciona de alguna manera con políticos, candidatos o funcionarios. En la elección pasada, cuatro aspirantes a la alcaldía de San José Pinula fueron asesinados. En el proceso actual, aún no comenzado oficialmente, hace pocos días fue muerto un candidato a alcalde de Jalpatagua, Jutiapa, y también su esposa. Hechos como estos deben encender las alarmas.

Los posibles efectos de estos crímenes son la abstención de informar o de ser candidatos, según el caso. En el extranjero se afianza el criterio de la ingobernabilidad del país, todo lo cual aumenta la posibilidad del Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte, aunque el Congreso y el Senado de Estados Unidos deben aprobarlo. Esto, a la vez, complica la posición del gobierno ante la continuación de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala. Por todas esas causas, no es exageración reiterar que el 10 de marzo del 2015 fue amargo para el gobierno guatemalteco.