El “arte” de suprimir —lo cual significa matar— a la prensa independiente, en realidad es viejo y sobre todo ha sido practicado o intentado, gracias a hechos variados relacionados con los avances tecnológicos desde hace siglos. La imprenta multiplicó la difusión de ideas y redujo el tiempo de hacerlo, al sustituir a los libros hechos a mano poco antes de la llegada de Colón y fueron los reyes y los papas quienes trataron de controlarla, muchas veces con sangre y violencia. No pudieron. Las rotativas de periódicos —hace siglo y medio, más o menos— permitieron la difusión masiva del periodismo, novedosa forma de comunicación desarrollada a mitades del siglo 18. Los afectados fueron los reyes y los gobiernos encabezados por civiles o militares, y desde entonces el avance democrático de las naciones se midió por la libertad de imprenta.

Hace medio siglo, un amigo me comentó algo causante de sorpresa para mí. La muerte del periodismo —me dijo— no será el resultado de la eliminación de periodistas, porque siempre habrá alguien dispuesto a tomar su lugar, sino de la decisión de un gobierno o de algún grupo de presión —legal o ilegal— de eliminar los periódicos, radioemisoras o canales de televisión y en muchos casos también matar a sus integrantes, propietarios, informadores o comentaristas. Es una adaptación del concepto comunista maoísta de “quitarle el agua al pez”. Por supuesto, cuando esto ocurre, el afectado es quien necesita comer mariscos y pescados… Creo importante analizar cómo estas ideas se están aplicando actualmente en la realidad internacional y nacional.

El concepto de “fake news”, de reciente aplicación masiva, es un claro ejemplo. Aquello no concordante con la verdad política o la “verdad” personal de alguien con poder, simplemente es falso. (Debería españolizarse a “féicniús”, por ser un concepto con un nuevo significado al de noticia falsa). La idea es destruir la credibilidad de los medios, gracias a un aberrante y constante ataque por medio de las redes sociales e, irónicamente, de algunos medios informativos, al convertirse en instrumentos como efecto de la burla de los principios profesionales de reportar incluso aquellas mentiras pronunciadas por gente malintencionada y mentirosa, debido al respeto del derecho de los ciudadanos de recibir información y comentarios de toda índole.

El caso de Nicaragua es clarísimo. Un dictador y asesino de ciudadanos como Ortega tiene de rodillas al diario La Prensa, al no entregarle el papel para la impresión, además tiene ocupadas por la policía convertida en esbirra las instalaciones de otros medios de comunicación, por lo cual el director de El Confidencial, el periodista Carlos Fernando Chamorro, se ha debido refugiar en Costa Rica. Se repite la historia; el precedente dictador Somoza hizo algo parecido y no dudó en mandar a asesinar a Pedro Joaquín Chamorro, padre del actual perseguido, con el fin de lograr apoyo nacional y foráneo para la victoria sandinista, ahora convertida vía farsa electoral y contubernio con traidores en una dictadura peor a la somocista. Este periodista luchador por convencimiento y por herencia merece el apoyo moral de todo aquel creyente en la libertad de expresión del pensamiento.

Hoy en día, el asesinato de medios vía presiones económicas es un tiro en el pie de quienes lo intentan: quedarán a merced de las redes sociales, caracterizadas por ser anónimas y propaladoras de falsedades sin permitir la posibilidad de defensa. De nuevo, es maoísmo sin ambages, además de prueba de poca capacidad de análisis. Las presiones de tipo político vía leyes malintencionadas engendradas por personajes oscuros con poder, o producto de la ignorancia de cómo funciona el periodismo, se debilitan —aunque no siempre lo suficiente— a causa de esa misma tecnología mencionada, en este caso con efectos válidos. Finalmente, creo necesario mencionar el mal causado a la sociedad por cualquier acción dirigida a eliminar a los mensajeros de cualquier hecho.