Cada vez es más notoria la desesperación de los ciudadanos ante la manera como se manejan los recursos públicos en prácticamente todos los países. Las diversas culturas se han manifestado al respecto, y me pareció digno de tomarse en cuenta el regaño del secretario del Consejo de Estado chino hacia América Latina. Sobre política dice: “Ustedes no castigan, principalmente a los regímenes de turno, que diezman las arcas públicas. En China, pena de muerte a los corruptos y devolución total de la riqueza mal habida”. Reducir el 80% del salario a los políticos; el político debe entender que debe trabajar en beneficio del país.

El pueblo, dice, se acostumbró a las decisiones del gobierno o al desorden gubernamental; y si solo ve cómo los corruptos roban, está condenado al fracaso y tampoco debe ver la corrupción como normal, ni la violencia y el deterioro de los servicios públicos. Por aparte, pide reducir a 16 años la edad laboral; reducir drásticamente la carga tributaria y hacer una reforma fiscal inmediata, porque el gobierno no debe perseguir a industrias y a empresas. Sus cargas fiscales son exageradas, confiscatorias, injustas y desordenadas; quintuplicar la inversión en educación. Tal vez algunos de estos criterios no encajan con el concepto de derechos humanos individuales, pero sí son beneficiosos para el bienestar de la colectividad. Curiosamente, vienen de un país comunista en política, pero de hecho capitalista en lo económico.

Mucho más cerca, en México, Andrés Manuel López Obrador ofrece al llegar al poder: “Cancelar fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia; el presidente en funciones podrá ser juzgado por corrupción o violación a leyes electorales; serán delitos graves el tráfico de influencias, corrupción, asociación de funcionarios y particulares para cometer fraudes y el fraude electoral, sin libertad bajo fianza; los altos funcionarios ganarán la mitad del sueldo actual, se eliminará el espionaje o intervención telefónica a la personas. Solo estará dedicado a prevenir delitos y combatir delincuencia. Nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados y se venderá la flotilla de aeronaves, con excepción de los utilizados para seguridad, protección civil y traslado de enfermos.

Sigue: la fiscalía general no recibirá órdenes del presidente; será ilegal en las elecciones comprar voto, coacción, amenaza, uso de presupuesto y bienes públicos para favorecer a partidos y candidatos; la fiscalía anticorrupción castigará a quien la cometa; todo funcionario y familiares cercanos deberán presentar su declaración de bienes. El presidente ganará menos de la mitad del salario actual, no se comprarán vehículos nuevos para funcionarios ni sistemas de cómputo, no habrá más de cinco asesores por ministerio, no habrá bonos, aguinaldo, gratificaciones, recompensas, bonos, comisiones, compensaciones. Ningún funcionario ganará más que el presidente. Nadie tendrá guardaespaldas, se baja a la mitad el sueldo de los altos funcionarios públicos; nadie podrá utilizar aeronaves privadas, los expresidentes no tendrán pensiones; no podrá contratarse a familiares.

En total, plantea 50 prohibiciones, pero estas son algunas de las más importantes. Se podría calificar esto como un deseo imposible, pero eso lo dirá el tiempo. Por ahora muestra la necesidad de cambios fundamentales con algunas decisiones simples, como eliminar gastos para ropa, o participación en fiestas con proveedores, los cuales son importantes por su aparente poca importancia. El dinero estatal no se debe comparar con el presupuesto de la nación, sino con los sueldos e ingresos de los ciudadanos. Indudablemente, Guatemala necesita alguna decisión parecida, sobre todo en el sueldo presidencial (el mayor del continente y del mundo) y en los fideicomisos, verdaderas burlas a la ley para la más abyecta corrupción. Cualquier candidato serio debe hacer aquí una declaración semejante.